El marco jurídico actual ha demostrado debilidades para garantizar imparcialidad en la elección del funcionario
Por Félix Muñiz
Integrantes del Grupo Parlamentario del PRI propusieron una reforma a la Constitución Política para establecer la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil participen en el proceso de selección del titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
La iniciativa, que sugiere modificar los artículos 72 y 102 de la Carta Magna, fue suscrita por las y los senadores Manuel Añorve Baños, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Claudia Edith Anaya Mota, Sylvana Beltrones Sánchez y Ángel García Yáñez.
Además de Verónica Martínez García, Mario Zamora Gastélum, Nancy de la Sierra Arámburo, Beatriz Paredes Rangel y Cecilia Margarita Sánchez García, así como por el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín.
Plantearon que las organizaciones de la sociedad civil puedan remitir al Senado de la República sus propuestas para integrar la lista de candidatos, tanto para encabezar la FGR como para ocupar la vacante en caso de que el funcionario se ausente.
En el documento, publicado en la Gaceta del 6 de diciembre y turnado para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, los legisladores recordaron que actualmente la Constitución Política establece un proceso en el que el Senado tiene la facultad de integrar una lista de candidatos para encabezar a la Fiscalía, que luego remite al Presidente de la República.
De esa lista, el titular del Ejecutivo Federal hace una terna que pone a consideración de esta Cámara para que elija al funcionario, encargado de la persecución de delitos, pero este proceso, advirtieron los legisladores, ha sido objeto de críticas debido a su “potencial para generar influencias políticas y partidistas” en la designación del Fiscal General.
“En la actualidad, el proceso de elección del Fiscal General se rige por un marco jurídico que ha demostrado ciertas debilidades en cuanto a su capacidad para garantizar la independencia e imparcialidad del proceso, lo que ha generado preocupación en la sociedad civil y en la ciudadanía en general”, subrayaron.
El Fiscal General de la República, destacaron las y los senadores, es una figura de suma relevancia en el sistema de justicia de cualquier país, pues tiene la responsabilidad de liderar la lucha contra la impunidad, el combate a la corrupción y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Además, ese funcionario desempeña un papel fundamental en la persecución de delitos y en la garantía del Estado de Derecho, por lo que su independencia e imparcialidad son cruciales para asegurar que su labor se realice de manera más eficiente y justa.
Por ello, insistieron en crear un proceso de selección que fortalezca la democracia en el país, “en la máxima de que el pueblo pone y el pueblo quita”, y para que el fiscal sea elegido de manera justa, representativa y libre de influencias políticas.
“La imparcialidad en la selección del Fiscal General es fundamental para asegurar que la Fiscalía actúe de manera equitativa y sin influencias políticas indebidas. La percepción de que la designación del Fiscal General es un proceso influenciado por intereses partidistas puede socavar la confianza de la ciudadanía en la institución y poner en peligro la credibilidad del sistema de justicia”, concluyeron.