Denuncian que la nueva Ley de Desaparición Forzada es inoperante, autoritaria y diseñada desde el poder para controlar, no para buscar personas
Por Félix Muñiz
En una postura firme y sin matices, la bancada del PRI en el Senado de la República rechazó con severidad el dictamen de la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, al denunciar que la iniciativa no busca justicia, ni verdad, ni siquiera mejorar las condiciones de búsqueda, sino utilizar el dolor de miles de familias como herramienta política para fortalecer un aparato de control estatal.
Durante la sesión legislativa, la senadora priista Karla Toledo Zamora criticó con dureza que el proyecto de ley haya sido construido sin escuchar a las víctimas, sin tomar en cuenta a las madres buscadoras y mucho menos a los expertos en derechos humanos.
“Esa ley no surge de las voces de quienes han entregado su vida a buscar a sus hijos. Esas reuniones en Palacio Nacional fueron una farsa. Esta ley se redactó desde el escritorio del poder”, sentenció.
La legisladora campechana señaló que México no necesita más leyes vacías, sino acciones reales: policías capacitados, fiscalías que investiguen, forenses con herramientas y comisiones de búsqueda con presupuesto suficiente. Lo demás, afirmó es pura simulación.
En la misma línea, la senadora Claudia Anaya Mota advirtió que los cambios presentados en el dictamen ya existen en los protocolos actuales, pero no se aplican por falta de voluntad y coordinación. “Esta reforma no aporta nada nuevo. Es una copia inútil del Protocolo Homologado. Cada institución busca cosas distintas, y ninguna encuentra lo que importa: a las personas desaparecidas”, expresó.
Más grave aún, denunció que el diseño institucional sigue sin reformar el tipo penal, lo que deja intacto el vacío legal que permite la impunidad. Además, exigió otorgar facultades reales a la Comisión Nacional de Búsqueda o, en su defecto, obligar a las fiscalías a cumplir tareas de localización, no solo persecución del delito.
El diagnóstico es devastador: más de 70 mil cuerpos sin identificar en morgues al cierre de 2024, sin dinero para pruebas de ADN, sin personal, sin peritos, sin justicia. Y como si eso no fuera suficiente, ahora el gobierno propone imponer una CURP biométrica bajo el disfraz de una reforma humanitaria.
“Los colectivos ya lo dijeron con claridad: no nos usen para justificar un mecanismo de control ciudadano. Esta ley no encuentra a nuestros desaparecidos, pero sí acumula datos que ponen en riesgo a toda la población”, advirtió Anaya.
Por su parte, el senador Miguel Ángel Riquelme denunció que esta reforma no contempla ni un peso adicional para las comisiones estatales de búsqueda ni para el Banco Nacional de Datos Forenses. “Lo único que crece es el aparato de control”, afirmó.
Ángel García Yáñez fue más lejos: calificó esta iniciativa como una “jugada de poder peligrosa”, que se aprovecha del sufrimiento de las madres buscadoras para construir una plataforma de vigilancia masiva.
Finalmente, Geraldina García Gordillo cerró con una advertencia contundente: “La violencia solo puede sostenerse mediante la mentira, y la mentira mediante la violencia. Esta reforma legal encubre un proyecto autoritario”.
El PRI ha dejado claro: no avalará una ley que banaliza el dolor, simula justicia y fortalece el control estatal bajo la máscara del humanitarismo. Una vez más, la tragedia nacional se convierte en moneda de cambio política.