El registro obligatorio de líneas móviles exige hasta 924 mil registros diarios, cifra materialmente inviable
Por Félix Muñiz
El registro obligatorio de líneas celulares impulsado en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión vuelve a encender las alertas en el Senado de la República. Esta vez, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que el esquema vigente no solo es técnicamente inviable, sino que amenaza la conectividad, la privacidad de los datos personales y la inclusión digital de millones de usuarios en México.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, el senador Ángel García Yáñez, a nombre del senador Pablo Guillermo Angulo Briceño, presentó una iniciativa para reformar el artículo Trigésimo Transitorio de dicha ley, con el objetivo de ampliar el plazo del registro obligatorio y evitar consecuencias graves para la población usuaria de telefonía móvil. La propuesta parte de una crítica directa: la política pública se diseñó sin considerar la capacidad real del sistema ni el impacto social que puede provocar.
El legislador explicó que la legislación actual pretende registrar entre 158 y 160 millones de líneas móviles antes de junio de 2026. Para cumplir esa meta, se requeriría procesar 924 mil registros diarios, una cifra que, desde cualquier análisis técnico y operativo, resulta inviable. Esta presión artificial, denunció, ya ha provocado saturación de plataformas, fallas recurrentes y vulnerabilidades que han expuesto datos sensibles de los usuarios, contradiciendo el supuesto objetivo de fortalecer la seguridad.
Desde la óptica del PRI en el Senado, el problema de fondo es que se está utilizando el combate al delito como justificación para imponer un modelo que castiga a los ciudadanos cumplidos, mientras pone en riesgo derechos fundamentales. “El combate al delito no puede traducirse en la desconexión de millones ni en la exposición de datos personales”, advirtió García Yáñez, al subrayar que la seguridad pública debe avanzar con legalidad, inclusión y respeto a la privacidad.
La iniciativa propone ampliar el plazo a 740 días hábiles y otorgar 90 días naturales a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para ajustar los lineamientos. No se trata, insistió el senador, de frenar la regulación, sino de evitar un fracaso anunciado que termine afectando principalmente a los sectores más vulnerables.
La crítica se sustenta también en antecedentes claros. En México, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) fue eliminado tras demostrarse que no redujo los delitos y, en cambio, sí vulneró derechos y filtró información personal. A nivel internacional, casos como Filipinas evidencian el mismo patrón: apenas 49 por ciento de las líneas logró registrarse en el plazo inicial, obligando a ampliar tiempos para evitar desconexiones masivas y exclusión social.
Además, organismos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la GSMA recomiendan esquemas graduales, salvaguardas estrictas de privacidad y marcos proporcionales. Asociaciones del sector han alertado que los costos podrían superar los 4 mil millones de pesos, con impactos desproporcionados en comunidades rurales, indígenas y de alta marginación, donde el celular no es un lujo, sino un servicio esencial.
La advertencia del PRI es clara: sin ajustes responsables, el registro obligatorio de líneas celulares puede convertirse en un retroceso digital, más cercano al control y la exclusión que a una política eficaz de seguridad y conectividad para México.