Las nuevas dependencias comiencen a operar el 1 de enero de 2025
Por Félix Muñiz
El pleno del Senado de la República aprobó un paquete de reformas a la Ley de la Administración Pública Federal, que establece la creación de dos nuevas secretarías: la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
Además, se aprobó la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el objetivo de reorganizar y fortalecer el aparato gubernamental para responder a nuevas necesidades y retos en áreas estratégicas.
La reforma también contempla la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, que será sustituida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta nueva dependencia asumirá las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), centrando sus esfuerzos en la transparencia, la protección de datos personales y la integridad pública.
En este contexto, se fortalecerán las atribuciones de otras secretarías, como la de Gobernación, para abordar temas migratorios y mejorar el trato hacia los mexicanos en el extranjero, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que verá ampliadas sus facultades en la investigación de delitos.
La Secretaría del Medio Ambiente también jugará un papel clave en la defensa de un ambiente sano y en la política nacional sobre residuos sólidos y economía circular.
Las reformas afectan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, específicamente los artículos 8, 14 Bis, 19, 20, 25, 26, 27, entre otros, con el objetivo de actualizar la estructura del gobierno federal.
En cuanto a los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, se transferirán a las nuevas secretarías de la Mujer y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Este proceso deberá concluir antes del 31 de diciembre de 2024, para que las nuevas dependencias comiencen a operar el 1 de enero de 2025.
Durante la presentación del dictamen, la senadora Araceli Saucedo, en nombre de la Comisión de Gobernación, destacó la importancia de estas reformas para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Según Saucedo, esta reforma será histórica y significativa, ya que busca asegurar una correcta organización de la administración pública para hacerla más eficiente y cercana a las necesidades de los ciudadanos.
Por su parte, Enrique Inzunza, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, explicó que las reformas abordan los desafíos en áreas clave como la igualdad de género, la soberanía tecnológica y la digitalización de los servicios públicos, buscando crear un gobierno más eficiente, transparente y enfocado en la protección de los derechos ciudadanos.
Sin embargo, la propuesta no estuvo exenta de críticas. El senador Ricardo Anaya, del PAN, expresó su apoyo a la creación de la Secretaría de la Mujer y a las facultades ampliadas para la Secretaría de Seguridad, pero se mostró en contra de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ya que considera que el INAI estaba funcionando correctamente y que su desaparición podría debilitar la lucha contra la corrupción.
Por su parte, la senadora Laura Itzel Castillo, de Morena, destacó que estas reformas permitirán ajustar la estructura del gobierno federal y eliminar la duplicidad de funciones, permitiendo a la presidenta Sheinbaum ejecutar su programa de gobierno, con un enfoque claro en la igualdad de género.
En contraste, la priista Carolina Viggiano expresó su apoyo a la creación de la Secretaría de la Mujer, aunque señaló que el presupuesto destinado a esta secretaría aún no es suficiente para cumplir con los objetivos establecidos. Además, mostró su oposición a la creación de la Agencia de Transformación Digital, advirtiendo sobre los riesgos relacionados con la concentración de datos personales y posibles vulneraciones a la privacidad y la ciberseguridad.
Con esta aprobación, el Senado da un paso más en la reestructuración de la administración pública federal, con miras a una mayor modernización y eficiencia en el ejercicio del poder, aunque no sin generar polémica sobre las implicaciones de estas reformas para la transparencia y la protección de derechos.