La oposición denuncia que con la prohibición se crea un mercado negro de mas de 5000,000 mil millones de pesos anuales
Por Félix Muñiz
En una sesión polémica y cargada de debate, el pleno del Senado aprobó con 110 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones reformas a la Constitución Mexicana que buscan prohibir la producción, distribución y adquisición de vapeadores y otras sustancias tóxicas, entre ellas los precursores químicos y el fentanilo.
Sin embargo, las reacciones ante esta medida son diversas, con voces críticas que advierten sobre el peligro de criminalizar a los consumidores y la ineficacia de este tipo de políticas prohibicionistas.
El proyecto de reforma propone la adición de un párrafo quinto al artículo 4º y un párrafo segundo al artículo 5º de la Constitución, específicamente en el marco de la protección de la salud.
Con esta modificación, el Senado busca dar un mensaje contundente sobre su postura frente a la creciente amenaza de las sustancias nocivas como los vapeadores, una herramienta ampliamente utilizada por los jóvenes, y el temido fentanilo, cuyo consumo ha aumentado en los últimos años en diversas partes del mundo.
Sin embargo, la aprobación de esta reforma ha sido cuestionada por varios legisladores, especialmente por aquellos del PRI y Movimiento Ciudadano.
La legisladora priista Karla Toledo expuso que en el oficialismo no quieren entender que regular: Significa promover productos seguros y usos responsables, mientras que prohibir fomenta el consumo de productos clandestinos.
Por qué ocultan que con la regulación se garantiza la calidad de cualquier producto, mientras que con la prohibición al día de hoy quiero decirles que han creado un mercado negro de más de $5,000,000 Millones de pesos anuales, exponiendo a millones de mexicanos a sustancias desconocidas y peligrosas
La senadora de MC Alejandra Barrales fue una de las principales voces críticas durante el debate, acusando al oficialismo de utilizar la Constitución para enviar un mensaje político más que para tomar decisiones basadas en evidencia científica.
Según Barrales Magdaleno, esta medida no solo criminaliza el consumo de sustancias, sino que también coloca al vapeador en la misma categoría que las drogas sintéticas como el fentanilo, una comparación que, a juicio de la legisladora, carece de fundamento. “Esta prohibición está equiparando el uso del vapeador con el uso de drogas como el fentanilo”, afirmó Barrales, señalando que las políticas prohibicionistas no han tenido éxito en otras partes del mundo y, en cambio, han aumentado el mercado negro y el consumo ilegal.
Por otro lado, los senadores del PRI y del Partido Verde, Manlio Fabio Beltrones y Luis Armando Melgar, optaron por la abstención, sin sumarse abiertamente al rechazo, pero tampoco respaldando la reforma en su totalidad. La falta de consenso y la polarización del tema reflejan la complejidad de abordar el consumo de sustancias como los vapeadores y el fentanilo desde una perspectiva política y social.
Es cierto que el uso de vapeadores y la creciente presencia de sustancias como el fentanilo representan un serio desafío para la salud pública. Sin embargo, las soluciones deben ser más profundas y basadas en estudios científicos y sociales que demuestren la efectividad de las prohibiciones. La experiencia internacional indica que la simple criminalización del consumo no reduce la demanda, sino que más bien alimenta mercados paralelos y pone en riesgo la vida de los consumidores al desconocer la calidad y los efectos de las sustancias que circulan en el mercado negro.
El Senado ha dado un paso importante al reconocer la gravedad del problema, pero el camino hacia una política efectiva de salud pública no se construye con prohibiciones. Las medidas deben incluir la prevención, la educación y el tratamiento, además de un enfoque integral que abarque la regulación de estos productos y la atención a quienes caen en el consumo problemático.
Finalmente, el decreto será enviado a las legislaturas locales para su análisis y posible ratificación, lo que podría generar nuevas discusiones sobre la idoneidad de esta reforma. En este contexto, el debate sobre la prohibición de vapeadores y el fentanilo no es solo un tema de salud pública, sino también de justicia social y de derechos humanos, donde las decisiones del Senado tendrán un impacto directo en la vida de millones de mexicanos.