Advierten que los próximos procesos electorales van a competir con un árbitro comprado
Por Félix Muñiz
El pleno del Senado de la República, bajo la aplanadora de Morena y sus aliados, alcanzó la mayoría calificada necesaria para aprobar el nombramiento de 56 magistrados electorales locales que ocuparán cargos en 30 entidades federativas del país.
Esta aprobación, que tuvo lugar el pasado martes, ha generado un fuerte debate, especialmente en el seno de la oposición, que cuestiona tanto los perfiles de los candidatos como el proceso de selección.
La propuesta, presentada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), incluyó cambios en los nombres de algunos candidatos en estados clave como Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Estado de México y Querétaro. Estos ajustes, según las voces opositoras, fueron percibidos como un intento de manipulación política, lo que provocó una serie de críticas.
La senadora del PRI Carolina Viggiano Austria, no dudó en manifestar su rechazo. Al fijar su posicionamiento en la máxima tribuna senatorial señaló que varios de los perfiles presentados para ocupar los magistrados estaban “totalmente cuestionados”.
Acusó a Morena de haber dejado estas decisiones en manos de los gobernadores de los estados, como una especie de “premio” por su apoyo.
Pero, los gobernadores tienen su zanahoria, señaló, sugiriendo que el proceso de selección fue más una maniobra política que un acto transparente.
Por su parte, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), María de Jesús Díaz Marmolejo, advirtió sobre la peligrosidad de permitir que la Jucopo determine la idoneidad de los candidatos sin una revisión adecuada de los documentos necesarios.
Según la panista, esto podría comprometer la imparcialidad de los tribunales electorales locales. “Si capturan los tribunales, capturan las elecciones”, advirtió, criticando la falta de criterios y conocimiento de los candidatos para desempeñar funciones jurisdiccionales.
Además, enfatizó que algunos de los seleccionados carecían de la “perspectiva de género” necesaria en el ámbito de la justicia electoral.
El coordinador del Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda, , también se sumó a las críticas, acusando a Morena de intentar “capturar” los tribunales electorales locales. Castañeda denunció que la estrategia del gobierno busca apoderarse de las instituciones encargadas de la impartición de justicia electoral, lo que, según él, afectaría gravemente la democracia del país.
En sus declaraciones, comparó esta situación con un partido de fútbol en el que el árbitro está “comprado”, sugiriendo que este tipo de manipulaciones comprometen la legitimidad de las elecciones y, por ende, la democracia en cada estado.
El debate sobre la elección de los magistrados electorales locales se enmarca en un contexto político cada vez más polarizado, en el que las decisiones en el Senado se perciben como reflejo de la dinámica de poder entre los diferentes partidos. La aprobación de los magistrados es un paso importante en la consolidación del sistema electoral en México, pero también ha evidenciado las tensiones entre las fuerzas políticas que luchan por el control de las instituciones clave del país.
En resumen, mientras Morena y sus aliados logran aprobar el nombramiento de los 56 magistrados electorales, las críticas de la oposición ponen de relieve las controversias sobre la transparencia del proceso y el riesgo de politización de los tribunales electorales, lo que podría tener repercusiones importantes en la justicia electoral local y en el rumbo de las próximas elecciones en el país.