¿Un avance en la seguridad o un paso hacia la militarización?
Por Félix Muñiz
El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional que concede a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, facultades ampliadas para investigar delitos y coordinar el sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública.
Con 119 votos a favor, la modificación al artículo 21 de la Constitución establece un nuevo rol para la SSPC en la lucha contra la criminalidad, lo que ha generado tanto elogios como críticas en un escenario de creciente violencia en el país.
La reforma, que se alinea con las políticas de seguridad impulsadas por el gobierno federal, otorga a la SSPC el mandato de formular, coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Además, la Secretaría podrá coordinar acciones entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad pública, a través de la recolección, procesamiento y análisis de información proveniente de diversas instituciones. A la par, se establece que la SSPC podrá coordinar el sistema nacional de inteligencia en este rubro, lo que otorga un papel clave a la dependencia en la lucha contra el crimen organizado.
Para muchos legisladores, la reforma es un paso positivo hacia la mejora de la seguridad en un país aquejado por una violencia desbordada.
Sin embargo, la medida ha generado fuertes críticas, especialmente entre los sectores más preocupados por el fortalecimiento del papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública.
El panista Francisco Ramírez Acuña, por su parte, recordó que uno de los principales compromisos de cualquier gobierno es garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero advirtió que este tipo de reformas deben implementarse con prudencia y análisis.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, expresó que, si bien ve la reforma como una señal positiva para fortalecer la seguridad pública desde un enfoque civil, también advirtió que debe ser un paso hacia la reducción de la militarización.
Para el partido, es fundamental que la estrategia de seguridad no se base en un modelo que favorezca la intervención de las Fuerzas Armadas, sino que se fortalezcan las policías civiles en los tres niveles de gobierno.
El priísta Rolando Zapata respaldó la reforma, destacando la necesidad de actuar con celeridad frente a la crisis de violencia, pero insistió en la importancia de que las decisiones sobre seguridad se tomen con un balance adecuado, sin comprometer el respeto a los derechos humanos ni la autonomía de las instituciones civiles.
El senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, subrayó que la medida responde a la creciente ola de violencia que afecta a todo el país, y aseguró que esta reforma contribuirá a la estabilidad y bienestar de los ciudadanos. Reconoció la situación crítica que atraviesan entidades como Tabasco, su estado natal, al tiempo que reafirmó el compromiso del gobierno federal con la paz y la seguridad.
La reforma también establece la creación de un sistema de control y vigilancia sobre los fondos federales destinados a la seguridad pública, lo que podría mejorar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.
A nivel institucional, la reforma fortalece el papel de la SSPC como un ente articulador entre las diversas instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de mejorar la coordinación y la eficacia de las políticas de seguridad a nivel federal, estatal y municipal.
No obstante, el riesgo de una mayor centralización del poder en la SSPC, bajo la figura de García Harfuch, podría generar cuestionamientos sobre la transparencia y la rendición de cuentas.
La concentración de facultades en una sola institución, especialmente en materia de inteligencia y recolección de datos, abre la puerta a preocupaciones sobre el uso indebido de la información y posibles violaciones a los derechos ciudadanos.
La reforma, ahora en manos de la Cámara de Diputados, sigue su curso hacia la consolidación de un nuevo modelo de seguridad pública. Sin embargo, el debate sobre sus implicaciones para la autonomía de las fuerzas civiles, la transparencia en el uso de recursos y la posible profundización de la militarización del país aún está lejos de resolverse.