La oposición argumenta que estas reformas dejan en la indefensión a quienes, interponen una acción de inconstitucionalidad
Por Félix Muñiz
Con 67 votos a favor y 30 en contra, el pleno del Senado aprobó este miércoles una serie de reformas a la Ley de Amparo y a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política, con el objetivo de armonizar estos ordenamientos con las recientes modificaciones al Poder Judicial, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024.
Las reformas, que buscan consolidar un sistema judicial más eficiente, transparente e incluyente, fueron explicadas por el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Enrique Inzunza.
El legislador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, destacó que estas reformas se alinean con los objetivos de la reforma al Poder Judicial, orientándose a una justicia pronta y expedita que proteja los derechos de las personas. “Estas modificaciones sientan las bases para impartir una justicia más eficiente y accesible”, señaló.
Uno de los puntos más relevantes de la reforma a la Ley de Amparo es la reducción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a nueve integrantes. No obstante, se estableció en los artículos transitorios que, hasta que los nuevos ministros sean elegidos y tomen protesta en septiembre de 2025, la Corte se regirá por las reglas de votación previamente establecidas en la ley.
Otra modificación clave es la actualización del artículo 73, que estipula que las sentencias emitidas en juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales no tendrán efectos generales. Asimismo, se llevó a cabo una adecuación en la terminología, reemplazando expresiones como “Consejo de la Judicatura Federal” por “Órgano de Administración Judicial” y “Distrito Federal” por “Ciudad de México”. También se propuso la derogación de las disposiciones relacionadas con las salas.
El Senado también aprobó una reforma a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, que busca adaptar la legislación secundaria a la reforma constitucional publicada el 31 de octubre de 2024. Entre los cambios más significativos se incluye la incorporación de un lenguaje incluyente, la posibilidad de que las partes reciban notificaciones por medios electrónicos, y la clarificación de que no proceden suspensiones contra normas generales en casos de inconstitucionalidad o controversia constitucional. Además, se establece que no se podrán impugnar reformas o adiciones a la Constitución Política.
Sin embargo, la aprobación de estas reformas no estuvo exenta de controversia. Durante la sesión, la senadora Claudia Anaya, del PRI, expresó su rechazo a las reformas, afirmando que su aprobación refleja un intento de excluir a las clases más desfavorecidas del acceso a la justicia. “Todo lo que han venido diciendo es una narrativa falsa. En la legislación están haciendo exactamente lo contrario. Están confundiendo la constitucionalidad con la subordinación”, acusó.
Por su parte, el senador del PAN Mario Vázquez, también se mostró crítico, dirigiendo sus palabras a los legisladores de Morena. “Olvidan que son representantes populares, no empleados del gobierno. Están moldeando la Constitución a conveniencia”, aseguró Vázquez.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, también adelantó su voto en contra, calificando las reformas como parte de un mal diseño de la reforma al Poder Judicial. Aseguró que la reforma es un “capricho” que, en lugar de fortalecer la justicia, ha generado incertidumbre en la sociedad.
La minuta de estas reformas fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y los efectos legislativos correspondientes.