Desaparecen los contrapesos democraticos al gobierno de Morena no le gusta la rendicion de cuentas: Marko Cortés
Por Félix Muñiz
La reciente aprobación por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la reforma que simplifica la estructura orgánica del Estado, marca un hito que podría tener repercusiones profundas sobre la democracia y la transparencia en México.
Con 25 votos a favor y 11 en contra, el dictamen establece la desaparición de siete órganos autónomos, entre los que se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre otros.
La reforma modifica el artículo 28 de la Constitución y crea una nueva autoridad en materia de competencia económica que reunirá las funciones del IFT y la COFECE, con el fin de regular aspectos como la preponderancia y la regulación asimétrica, de acuerdo con las exigencias del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC). Este nuevo ente, aseguran sus defensores, se encargará de fomentar una mayor competencia económica, bajo un esquema desconcentrado e independiente, lo que también implicará un ahorro significativo al eliminar la duplicidad de funciones.
Sin embargo, detrás de esta reforma, que se presenta como un “ajuste” necesario para mejorar la eficiencia del Estado, se esconde un serio retroceso en la calidad democrática y en los principios de transparencia, independencia y control que deben regir a las instituciones del país. La eliminación de órganos autónomos como el INAI, que ha sido crucial para garantizar el derecho de acceso a la información pública, abre la puerta a la concentración de poder en el Ejecutivo y pone en riesgo la lucha contra la corrupción.
Desde la oposición, los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han expresado sus fuertes reservas ante esta reforma.
“Es un pésimo mensaje tanto al interior como al exterior de México”, agregó, cuestionando la falta de justificación para la desaparición de estos organismos, cuya función y presupuesto, asegura, son diversos y no se pueden reducir a un simple argumento de ahorro.
El senador del PAN Marko Cortés, acusó al gobierno de Morena de estar desmantelando los contrapesos democráticos y construyendo un régimen autoritario. “Al desaparecer los organismos autónomos se están eliminando los controles democráticos. El régimen quiere datos que solo ellos generen, sin cuestionamientos”, afirmó, haciendo un llamado a defender las instituciones que garantizan la independencia y la transparencia en la gestión pública.
El senadora de Movimiento Ciudadano Alejandra Barrales, fue aún más contundente, calificando esta reforma como “el proceso de destrucción institucional más grande en la historia moderna del país”. Para Barrales, esta reforma no solo atenta contra las conquistas democráticas logradas con el esfuerzo de muchas décadas, sino que también pone en riesgo las luchas sociales y políticas que, en su mayoría, han tenido un fuerte componente de la izquierda mexicana.
A pesar de las críticas, el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier defendió la reforma, alegando que los organismos autónomos han servido a intereses privados y extranjeros a costa del presupuesto público. Mier afirmó que esta medida busca eliminar un “andamiaje simulado” que solo ha beneficiado a una élite económica, mientras el país enfrenta graves desigualdades.
La aprobación del dictamen y su envío al pleno del Senado para su discusión y posible aprobación son solo un paso más en un proceso que podría redefinir la relación entre el gobierno y las instituciones públicas. Si bien el argumento de la simplificación administrativa podría parecer atractivo, el costo en términos de transparencia, rendición de cuentas y autonomía es elevado. La desaparición de estos órganos autónomos plantea serias dudas sobre el futuro de la democracia en México y su capacidad para frenar la corrupción, garantizando que los intereses del pueblo prevalezcan por encima de los del poder económico.