El Líder del Senado Gerardo Fernández Noroña calificó como “día histórico” para la justicia mexicana
Por Félix Muñiz
En una jornada marcada por la ausencia de las principales bancadas opositoras y con un ambiente cargado de celebración, el Senado de la República hizo oficial la declaratoria de validez de la reforma al Poder Judicial.
Esta decisión, tomada con 23 votos aprobatorios de los congresos locales y en medio de vítores por parte de los senadores de Morena, el Partido Verde y el PT, ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre el proceso y sus implicaciones.
El 12 de septiembre, el Senado, bajo la presidencia de Gerardo Fernández Noroña, aprobó el decreto que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución en materia de reforma del Poder Judicial.
La jornada estuvo marcada por una atmósfera de euforia en los escaños del oficialismo, donde se exhibieron letreros con la leyenda “El pueblo manda” y se hizo un llamado a ponerse de pie para dar solemnidad al acto.
Sin embargo, la ausencia de las bancadas del PRI, PAN y MC levantó serias interrogantes sobre la legitimidad y el consenso en torno a esta reforma crucial.
El proceso legislativo que llevó a esta declaratoria de validez ha sido objeto de controversia. La reforma al Poder Judicial, uno de los temas más debatidos en el último año, había sido aprobada previamente en 23 de los 32 congresos locales del país. Los senadores de Morena, el Partido Verde y el PT celebraron el resultado como un hito histórico, con Fernández Noroña subrayando la importancia del evento y calificándolo de “día histórico” para la justicia mexicana. Sin embargo, la celebración contrastó con la ausencia de las bancadas opositoras, que decidieron no participar en la sesión, argumentando que el proceso estaba viciado de origen y que no se había dado un debate adecuado.
La reforma, que pretende reestructurar el Poder Judicial para hacerlo más eficiente y menos susceptible a la corrupción, ha sido recibida con escepticismo por parte de la oposición. El PRI, PAN y MC han cuestionado tanto el contenido de la reforma como el proceso mediante el cual se ha impulsado. Argumentan que la reforma podría consolidar aún más el poder del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, debilitando la independencia de este último y comprometiendo la imparcialidad que se espera de una judicatura robusta y autónoma.
Por otro lado, los senadores del oficialismo han defendido la reforma como un paso necesario para la modernización del sistema judicial y una respuesta a las demandas de una ciudadanía cansada de la impunidad y la corrupción. La euforia en el Senado, con celebraciones que incluyeron vítores y aplausos, reflejó una clara intención de posicionar la reforma como un logro monumental de la administración actual. Sin embargo, esta postura no ha logrado disipar las dudas sobre la transparencia y la equidad del proceso legislativo.
El hecho de que PRI, PAN y MC se hayan ausentado en la votación final pone de manifiesto un clima de polarización y desconfianza que podría tener repercusiones a largo plazo en el ámbito político y judicial del país. La falta de un debate integral y la ausencia de un consenso más amplio podrían socavar la legitimidad de la reforma, independientemente de las intenciones de los legisladores actuales.
En conclusión, la declaratoria de validez de la reforma al Poder Judicial, aunque celebrada como un triunfo por el oficialismo, ha dejado al descubierto profundos cuestionamientos sobre el proceso legislativo y la ausencia de un diálogo constructivo. La controversia que rodea a esta reforma es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la inclusión en la toma de decisiones que afectan a toda la nación. Mientras el Senado avanza en la implementación de estos cambios, el país seguirá observando de cerca el impacto real que tendrá esta reforma en la justicia mexicana y en la dinámica política en general.