Jueces y magistrados son elegidos actualmente por concursos abiertos de oposición, destaca estudio del IBD
Por Félix Muñiz
La reciente investigación del Instituto Belisario Domínguez (IBD) sobre la integración del Poder Judicial de la Federación (PJF) pone de relieve un aspecto crucial: la elección de jueces y magistrados a través de concursos abiertos de oposición.
Esta metodología, establecida formalmente en 2021 mediante la Ley de Carrera Judicial, promete un proceso más transparente y meritocrático en la selección de estos funcionarios clave.
Sin embargo, la pregunta que surge es si esta reforma realmente aborda los problemas endémicos del sistema judicial o si se trata de un cambio superficial destinado a mejorar la imagen del Poder Judicial sin tocar sus raíces más profundas.
El estudio titulado “Algunos aspectos de la integración del Poder Judicial de la Federación”, elaborado por Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, ofrece un análisis detallado de los actuales mecanismos de selección.
Según el informe, la Ley de Carrera Judicial impone que los concursos para acceder a cargos de jueza o juez de distrito y magistrada o magistrado de circuito deben ser abiertos y publicados en el Diario Oficial de la Federación, así como en uno de los principales diarios de circulación nacional.
Esta apertura es un avance notable respecto a prácticas anteriores, donde la falta de transparencia en la selección de jueces frecuentemente daba lugar a cuestionamientos sobre favoritismos y falta de mérito.
No obstante, la reforma deja mucho que desear cuando se examina más a fondo. A pesar de los esfuerzos para garantizar un proceso más equitativo, los requisitos para los aspirantes—como contar con una licenciatura en derecho, tener buena reputación y una experiencia profesional mínima de cinco años—, no eliminan la posibilidad de que el sistema siga siendo vulnerable a influencias externas y prácticas clientelistas.
Además, la necesidad de una experiencia profesional considerable podría excluir a candidatos jóvenes y prometedores que podrían ofrecer perspectivas frescas y necesarias para la renovación del sistema judicial.
La discusión sobre la integración de los órganos jurisdiccionales no es nueva; de hecho, se remonta al Congreso Constituyente de 1916-1917. La historia muestra un patrón de reformas que, aunque prometen grandes cambios, a menudo resultan ser reformas cosméticas.
En este contexto, la actual discusión sobre la reforma del Poder Judicial, que está siendo evaluada por el Congreso, se enfrenta a un desafío crucial: no solo debe considerar los mecanismos y criterios de selección, sino también abordar la necesidad de una verdadera independencia judicial y la creación de un sistema que garantice la imparcialidad y la justicia sin restricciones indebidas.
El Poder Judicial de la Federación está compuesto por la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, los Plenos Regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, con la administración y vigilancia en manos del Consejo de la Judicatura Federal.
Este amplio espectro de órganos requiere una reforma integral que no solo ajuste los métodos de selección, sino que también reforme los procedimientos internos y el régimen de disciplina para prevenir la corrupción y el nepotismo.
En conclusión, aunque la implementación de concursos abiertos de oposición para la selección de jueces y magistrados representa un paso positivo hacia la transparencia, es crucial que las reformas se profundicen.
Se necesita un cambio estructural que garantice que estos mecanismos no solo sean accesibles, sino también efectivos en promover la verdadera justicia y la independencia del Poder Judicial. De lo contrario, la reforma podría terminar siendo una mera formalidad sin un impacto real en la calidad y equidad del sistema judicial mexicano.