“Lanzaron piedras a personas percibidas como extranjeras”. La insinuación es clara y peligrosa: reducir una protesta social a un acto de xenofobia violenta
Por Félix Muñiz
La Embajada de Estados Unidos en México ha vuelto a encender la polémica con la emisión de una alerta de seguridad ante la convocatoria de la tercera marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México, programada para este sábado 26 de julio.
El tono del comunicado oficial no solo raya en lo alarmista, sino que exhibe una desconexión total con el trasfondo social del fenómeno que motiva estas protestas legítimas.
La manifestación, que partirá a las 14:00 horas del Hemiciclo a Juárez con destino a la sede diplomática estadounidense en Paseo de la Reforma, tiene un objetivo claro: denunciar la creciente expulsión de habitantes capitalinos debido al encarecimiento desmedido del costo de vida, particularmente en colonias como Roma, Condesa y Juárez.
Esta gentrificación, en gran medida impulsada por la llegada masiva de extranjeros con poder adquisitivo alto (muchos de ellos estadounidenses), está generando una crisis habitacional sin precedentes en la capital.
Pero lejos de mostrar comprensión o al menos neutralidad diplomática, la embajada norteamericana optó por victimizarse. En su comunicado, recuerda que protestas anteriores, como las del 4 y 20 de julio, estuvieron “marcadas por actos de vandalismo”, e incluso denuncia que algunos manifestantes “lanzaron piedras a personas percibidas como extranjeras”. La insinuación es clara y peligrosa: reducir una protesta social a un acto de xenofobia violenta.
Esta narrativa no solo es exagerada, sino profundamente ofensiva. No se trata de “cacería de extranjeros”, como parecen sugerir entre líneas, sino de una ciudadanía cansada de ver cómo sus barrios se transforman en vitrinas de Airbnb, cafés de precios ridículos y complejos habitacionales inalcanzables. El problema no son los extranjeros, sino un modelo económico que privilegia el capital foráneo por encima del bienestar local. Y en ese modelo, Estados Unidos —y sus ciudadanos digitales nómadas— tienen un rol protagónico.
La advertencia de que “la ley mexicana prohíbe a ciudadanos extranjeros participar en actividades políticas” suena a amenaza más que a recordatorio legal. Además, el llamado a evitar la zona de la marcha transmite una visión de pánico completamente desmedida, como si se tratara de un conflicto armado y no de una manifestación civil.
Es grave que una representación diplomática, en lugar de fomentar el diálogo o al menos la reflexión, se posicione como víctima y refuerce estigmas. Más aún, es preocupante que no se pronuncie sobre el fondo del problema: el desplazamiento forzado que viven miles de capitalinos por la especulación inmobiliaria fomentada en parte por plataformas extranjeras como Airbnb.
La Embajada de Estados Unidos en México, con esta alerta, no solo ignora la dimensión social de la protesta, sino que muestra una arrogancia colonialista inaceptable en pleno 2025. No se trata de proteger a sus ciudadanos del “peligro mexicano”, sino de comprender (aunque sea mínimamente) el daño que la gentrificación está causando. Y ese entendimiento, por ahora, brilla por su ausencia.