La oposición advirtió que se trata de una invasión al Poder Judicial y un intento por destruirlo
Por Félix Muñiz
En una sesión decisiva para la justicia en México, las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron los dictámenes correspondientes a las leyes secundarias de la reforma judicial.
Se trata de tres importantes proyectos: la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Carrera Judicial y una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Esta iniciativa, respaldada principalmente por los senadores de Morena, el PT y el PVEM, se enmarca en la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador de transformar el Poder Judicial, pero, como ha ocurrido en otras ocasiones, genera fuertes divisiones en la política mexicana.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, destacó que estos dictámenes buscan armonizar las leyes con la reforma constitucional al Poder Judicial, un intento por mejorar la estructura, el funcionamiento y la competencia de los órganos judiciales. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece las normas que regirán este poder, mientras que la Ley de Carrera Judicial promueve principios como excelencia, imparcialidad y paridad de género. Además, la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas incorpora el principio de la buena administración, aunque también deja abierta la puerta a que ciertas faltas sean consideradas no graves, como la inobservancia del Código de Ética.
Sin embargo, la reforma ha desatado una fuerte oposición entre las principales fuerzas políticas del país. Los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) se han mostrado escépticos ante lo que consideran una manipulación del Poder Judicial por parte del presidente López Obrador y su movimiento, Morena. Alejandra Barrales Magdaleno, senadora de MC, señaló que esta reforma no resolverá los problemas de justicia que enfrenta la ciudadanía, sino que someterá aún más al Poder Judicial al control del partido en el poder, permitiendo que el grupo mayoritario se adueñe de los cargos públicos en ese poder. En su opinión, el resultado de esta reforma será una concentración de poder que minará la independencia judicial.
Por su parte, la legisladora del del PRI,Carolina Viggiano Austria, también criticó la reforma, advirtiendo que se trata de una invasión al Poder Judicial y un intento por destruirlo. Según la senadora priista, aunque el Poder Judicial tenía deficiencias, la reforma está “manchada desde su origen”, pues afecta el equilibrio de poderes y fue aprobada con una “mayoría espuria”. Para Viggiano, esta reforma no tendrá el efecto deseado, pues no garantizará que el sistema judicial mexicano combata la corrupción ni que se cuente con los mejores jueces y magistrados.
Los defensores de la reforma, como el senador del PVEM Luis Alfonso Silva Romo, aseguran que las leyes secundarias representan una respuesta urgente a las demandas de la sociedad mexicana. Según Silva, el objetivo es contar con servidores públicos democráticos, transparentes e imparciales, lo que, en su visión, contribuirá a un sistema de justicia en proceso de evolución. Además, la senadora morenista Nora Ruvalcaba Gámez argumentó que la reforma es una oportunidad histórica para erradicar las malas prácticas que han dañado al sistema judicial, pues se trata de un deber moral con las generaciones futuras.
No obstante, la reforma se enfrenta a críticas que sugieren que su verdadero propósito es asegurar el control de López Obrador y su partido sobre el Poder Judicial. Como advirtió Ricardo Anaya Cortés, del PAN, esta reforma no busca mejorar el sistema de justicia, sino consolidar un mecanismo para que Morena tenga el control sobre la elección de jueces y magistrados, lo que pone en peligro la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial.
En conclusión, mientras que la reforma judicial se presenta como un intento de modernizar el sistema judicial mexicano, su aprobación ha generado una polarización política que pone en duda sus verdaderas intenciones. El riesgo de que el Poder Judicial se convierta en una herramienta al servicio del gobierno en turno es una preocupación legítima para quienes temen que, bajo la apariencia de una reforma progresista, se esté dando un paso más hacia la concentración de poder en México.