El asesinato del adolescente de 15 años Ricardo Mizael y el hallazgo de cinco fosas clandestinas en Concordia profundiza el panorama sombrío
Por Félix Muñiz
La violencia en Sinaloa vuelve a colocarse en el centro del debate nacional tras las duras declaraciones de la senadora del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez Ramos, quien lanzó una crítica frontal contra el gobierno de Morena al que calificó como “cobarde” por no haber protegido a los mineros secuestrados y posteriormente encontrados en fosas clandestinas.
Para la legisladora sinaloense Paloma Sánchez, el asesinato del menor Ricardo Mizael y el hallazgo de cinco fosas en el municipio de Concordia son pruebas irrefutables de que la violencia en Sinaloa no solo persiste, sino que se agrava ante la ausencia de una estrategia real de contención.
En el contexto de lo que la propia senadora ha denominado como la “Narcoguerra” que ya supera los 520 días sin resultados visibles, la situación de inseguridad parece haberse normalizado bajo un discurso oficial que minimiza la magnitud de la crisis.
“Hoy en Sinaloa los inocentes ponen la vida, mientras los culpables se olvidan”, expresó al referirse al asesinato de Ricardo Mizael, un adolescente de 15 años que perdió la vida en Culiacán al salir por la mañana a comprar leche para alimentar a su gato. El crimen desató indignación social y volvió a exhibir la vulnerabilidad de la población civil.
El hallazgo de cinco fosas clandestinas en Concordia profundiza el panorama sombrío. En la misma zona donde fueron encontrados los cuerpos de los mineros, colectivos de búsqueda y habitantes han señalado la posible existencia de más sitios con restos humanos aún sin localizar. Esta realidad golpea de manera directa a las madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas, quienes —según denunció la senadora— siguen enfrentando obstáculos para acceder a información clara sobre las investigaciones y procesos periciales.
“Las madres buscadoras rascan la tierra para encontrar a los suyos porque las autoridades no buscan a los que la violencia nos arrebata”, sostuvo la legisladora priista, subrayando que el derecho de las familias a participar en los procesos de búsqueda no puede seguir siendo ignorado. La falta de transparencia y la lentitud en la identificación de restos humanos alimentan la desconfianza hacia las instituciones encargadas de procurar justicia.
En el caso específico de los mineros, Sánchez Ramos rechazó la versión oficial que atribuye su desaparición a una supuesta confusión con integrantes de un grupo criminal. Recordó que existían denuncias previas de amenazas y presiones de grupos delictivos que exigían portar chalecos de determinado color como mecanismo de identificación. “Las autoridades tenían conocimiento del riesgo y no hicieron nada”, sentenció, cuestionando la omisión institucional frente a alertas que, de haberse atendido oportunamente, podrían haber evitado una tragedia.
La crítica no se limita a un caso aislado. Para la senadora, el asesinato de Ricardo Mizael, la suma de cinco fosas en Concordia y la falta de protección a los mineros forman parte de un patrón de violencia que evidencia la incapacidad del gobierno para enfrentar a los grupos criminales con firmeza. Mientras desde el poder se insiste en discursos de pacificación, en las calles de Sinaloa la inseguridad sigue cobrando víctimas.
La violencia en Sinaloa, lejos de detenerse, se consolida como un problema estructural que demanda acciones contundentes, coordinación real entre niveles de gobierno y un compromiso que vaya más allá de declaraciones. Sin embargo, el panorama actual, marcado por la impunidad y el miedo, refuerza la percepción de que la estrategia federal ha sido insuficiente. En medio de la narcoguerra y del dolor de las familias, la exigencia de justicia resuena con más fuerza que nunca.