Ingresos por 79 millones de pesos no declarados durante 2018 y 2022 con empresas contratistas del gobierno de Tabasco
Por Félix Muñiz
La crisis de credibilidad del gobierno morenista vuelve a golpear al corazón del Senado. La diputada suplente del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presentó una denuncia formal ante la Contraloría Interna del Senado contra Adán Augusto López Hernández, actual presidente de la Junta de Coordinación Política y exsecretario de Gobernación, por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y conflicto de intereses.
La política panista, Elena Pérez basa su acusación en investigaciones periodísticas y documentos oficiales que revelan ingresos no declarados por más de 79 millones de pesos, presuntamente provenientes de empresas contratistas del gobierno de Tabasco durante la gestión de López Hernández como gobernador entre 2018 y 2022.
Entre las compañías implicadas figuran GH Servicios Empresariales S.A. de C.V., catalogada por el SAT como empresa fantasma (EFOS), además de Operadora Turística Rabate y Capital Cargo del Golfo, todas beneficiadas con adjudicaciones directas. Pérez-Jaén calificó estas operaciones como parte de un patrón de corrupción estructural que “retrata la impunidad con la que se ha manejado el poder dentro de Morena”.
“La omisión de declarar estos ingresos constituye una falta administrativa grave y podría configurar delitos como defraudación fiscal equiparada, cohecho y enriquecimiento ilícito”, afirmó la panista al presentar la denuncia.
La diputada exigió una investigación integral sobre la evolución patrimonial de López Hernández, incluyendo la revisión de sus declaraciones fiscales y patrimoniales de 2022 a 2025, y solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República (FGR) y el SAT, para verificar la autenticidad de las operaciones declaradas.
Pérez-Jaén recordó además que ha presentado 37 denuncias previas ante la FGR por desvíos no solventados de más de 800 millones de pesos durante la administración estatal de López Hernández. “Han pasado cinco años, un gobernador interino y ahora Javier May, y esos recursos siguen sin aclararse. ¿Dónde quedaron esos 800 millones?”, cuestionó.
La legisladora también vinculó la denuncia con las filtraciones del colectivo Guacamaya, que expusieron presuntos vínculos entre Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco —acusado de liderar al grupo criminal La Barredora— y el propio Adán Augusto. “Pese a conocer esos lazos, lo mantuvo en su gabinete. Eso no es omisión, es encubrimiento”, denunció.
En un tono severo, Pérez-Jaén acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de proteger políticamente a López Hernández, al igual que a los senadores de Morena que bloquean cualquier intento de fiscalización. “Si la presidenta quiere demostrar que no tolera la corrupción, debe dejar que la FGR actúe”, sentenció.
La diputada panista concluyó advirtiendo que continuará presentando denuncias “donde sea necesario”, y lanzó un mensaje contundente: “México no puede seguir siendo rehén de funcionarios que se amparan en la impunidad presidencial para evadir la justicia”.
El caso de Adán Augusto López Hernández podría convertirse en el nuevo escándalo de corrupción del sexenio, y su desenlace pondrá a prueba la promesa de Morena de combatir la impunidad que tanto denunció en el pasado.