Integrantes de la COPPPAL acusan al gobierno de Morena de usar el aparato judicial para hostigar al dirigente del PRI y exigen atención internacional urgente
De la redacción
La persecución política contra el dirigente nacional del PRI y presidente de la COPPPAL, Alejandro Moreno Cárdenas, ha cruzado las fronteras de México y ha encendido las alarmas en América Latina.
Partidos políticos de Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela han cerrado filas en su defensa, denunciando con firmeza que el Estado mexicano, bajo el gobierno de Morena, es directamente responsable del acoso judicial y político al que ha sido sometido el también senador de la República.
Esta denuncia internacional no es un acto aislado, sino parte de una creciente campaña de solidaridad y condena internacional ante lo que califican como una clara persecución política disfrazada de legalidad, una práctica cada vez más común en regímenes que buscan silenciar la disidencia bajo la apariencia de procesos institucionales.
Desde la sede del Partido Aprista Peruano (APRA), el secretario de Asuntos Internacionales, Gerardo Morris Abarca, fue contundente:
“Desde Perú hemos dado seguimiento al acoso permanente que enfrenta el compañero Alejandro Moreno Cárdenas y no existe duda de que es el Gobierno mexicano quien encabeza esta persecución sistemática y peligrosa”.
Las acusaciones no se quedan ahí. Un Nuevo Tiempo y el Movimiento al Socialismo (MAS) de Venezuela, así como Izquierda Democrática y el Partido Avanza de Ecuador, junto con el MNR y el MIR de Bolivia, coincidieron en señalar que el uso del aparato judicial para hostigar a un líder opositor constituye una amenaza frontal contra la democracia y el Estado de Derecho en México y en toda la región.
La gravedad de las declaraciones es ineludible:
“El señalamiento persistente, la apertura continua de procesos judiciales y el intento sistemático de socavar la imagen de Alejandro Moreno constituyen un patrón autoritario que merece atención internacional inmediata”, denunciaron en un comunicado conjunto.
Este señalamiento de persecución política a Alejandro Moreno por parte del gobierno de Morena pone en evidencia la creciente desinstitucionalización del Estado mexicano. Según los partidos de la zona andina, México atraviesa una deriva autoritaria, donde el poder se concentra y abusa de las instituciones para eliminar voces críticas y neutralizar liderazgos opositores.
La denuncia también llegó a instancias internacionales. Morris Abarca informó que se solicitará, ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la emisión de medidas cautelares para proteger la integridad física y la vida de Alejandro Moreno y su familia, quienes estarían en riesgo por su labor opositora.
“Hacemos responsable al Gobierno de Morena de cualquier agresión o atentado que pueda sufrir Alejandro Moreno. En México se está persiguiendo a un opositor con métodos dignos de dictaduras, no de una democracia moderna”, sentenció.
Esta crisis no puede pasar desapercibida. El uso de la justicia como herramienta de represión política no solo amenaza a un partido o a un dirigente, sino que erosiona las bases del pluralismo democrático en México. El país vive un momento crítico, y la comunidad internacional ya ha encendido las alertas. Morena no puede seguir ignorando las consecuencias de su autoritarismo.