Advierten que la impunidad y la falta de acción han convertido la violencia en una constante en México
Por Félix Muñiz
El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre, volvió a exhibir —con crudeza e indignación— la fragilidad del Estado mexicano frente al embate del crimen organizado. Para el Partido Revolucionario Institucional, no se trata de un episodio aislado ni de una tragedia fortuita: es la prueba más reciente del fracaso del gobierno de Morena en garantizar la seguridad a las autoridades municipales, una responsabilidad constitucional que, denuncian, ha sido abandonada con negligencia.
El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, encabezó la postura del grupo parlamentario al exigir que tanto el Gobierno Federal como el Gobierno del Estado de Michoacán deslinden responsabilidades administrativas, penales y políticas por la cadena de omisiones que, afirman, terminaron por colocar al alcalde en una situación mortal.
Para la bancada de los legisladores priistas, hubo advertencias claras de amenazas, solicitudes formales de protección y denuncias reiteradas sobre el dominio del crimen organizado en la región. Nada de ello fue atendido.
“El gobierno fue advertido y no actuó. La omisión mata, y la impunidad entierra. Carlos Manzo no murió por falta de suerte, sino por falta de Estado”, sentenciaron los senadores priistas. Con esta declaración, el tricolor dejó claro que considera el crimen como un desenlace anunciado y, peor aún, evitable.
En respuesta, el PRI presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a implementar medidas extraordinarias de protección integral para servidores públicos en todos los niveles de gobierno que enfrentan amenazas. Entre las acciones solicitadas destacan escoltas, protocolos de resguardo y recursos emergentes bajo supervisión federal. La petición no es menor: para muchos municipios, ejercer cualquier cargo público es hoy equivalente a portar una sentencia.
Los senadores insistieron en que México vive una crisis de seguridad sin precedentes, donde el crimen organizado sigue expandiendo su dominio mientras las autoridades federales permanecen inmóviles o rebasadas. Según su análisis, el asesinato del alcalde de Uruapan no solo demuestra la vulnerabilidad de los gobiernos locales, sino también la incapacidad —o falta de voluntad— del gobierno de Morena para enfrentar a la delincuencia.
“El crimen organizado no solo manda en las calles, sino que desafía abiertamente a las instituciones porque sabe que nadie lo detiene”, acusaron. Para los priistas, esta realidad confirma que el país transita hacia un escenario donde la autoridad pública es irrelevante frente al poder territorial de los grupos criminales.
Aún más grave, advirtieron, es que este asesinato podría considerarse un crimen de Estado, pues expone la negligencia de quienes tenían la obligación de proteger a un representante electo por la ciudadanía. Cada omisión, señalaron, es una forma de complicidad.
El mensaje final del PRI fue contundente: “Este no es solo un punto de acuerdo; es un grito de justicia. No hay democracia posible sin seguridad para quienes la representan. El PRI no guardará silencio ante la violencia que destruye al país”.
En un escenario donde la violencia política se incrementa y las autoridades locales quedan al desamparo, la crítica se convierte en advertencia: el fracaso del gobierno de Morena en proteger a las autoridades municipales ya cobra vidas, y el Estado no puede seguir mirando hacia otro lado.