Denuncian que este proyecto fracasó como política social y económica; exigen auditoría, comparecencias y fin a la competencia desleal
Por Félix Muñiz
El programa Gas Bienestar, emblema energético del sexenio anterior, se encuentra en el centro de la crítica parlamentaria. En una postura contundente, los senadores del Grupo Parlamentario del PRI calificaron al proyecto como un “fracaso estructural”, acusándolo de ser ineficiente, financieramente insostenible y potencialmente peligroso para la ciudadanía.
A través de una proposición con punto de acuerdo presentada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores priistas exhortaron al Ejecutivo Federal, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Energía (SENER) a reevaluar de inmediato la continuidad del programa.
Lanzado en 2021 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Gas Bienestar fue presentado como una solución social para combatir los altos precios del gas LP. Sin embargo, los resultados distan mucho de sus promesas originales. Según datos oficiales recopilados por el PRI, la empresa estatal no ha generado utilidades netas entre 2021 y 2024, mientras que sus ingresos cayeron de 254 millones de pesos en 2022 a 174 millones en 2024.
El balance financiero es alarmante: más de 1,300 millones de pesos fueron destinados únicamente a la compra de cilindros, a lo que se suman cientos de millones adicionales en reparaciones y cerca de 300 millones de pesos en subsidios directos de Pemex solo en 2024, lo que revela su dependencia total del erario público.
“Gas Bienestar sobrevive gracias al subsidio permanente, lo cual resulta insostenible para las finanzas públicas”, sentencian los senadores. Además, su impacto social es marginal: la cobertura se limita a apenas nueve alcaldías de la Ciudad de México, a pesar de que en su origen se prometió una expansión nacional.
Pero los cuestionamientos no se quedan en lo económico. La propuesta denuncia graves deficiencias de seguridad, citando la muerte de una mujer por la explosión de un tanque defectuoso en la alcaldía Gustavo A. Madero, lo que evidencia fallos en los controles de calidad y pone en entredicho la seguridad del servicio.
En materia de competencia económica, el programa también ha generado fuertes tensiones. Distribuidores privados de gas LP han denunciado hostigamiento regulatorio y bloqueos logísticos, en lo que se percibe como una competencia desleal promovida desde el Estado. Esto, advierten los legisladores, genera un ambiente adverso a la inversión y debilita el mercado energético nacional.
Los senadores del PRI enfatizan que la intervención estatal debe darse con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, y no a costa del equilibrio fiscal ni del dinamismo del sector privado. “Gas Bienestar ha fracasado como política social y también como proyecto económico, concluyen.
La iniciativa propone cinco acciones concretas, incluyendo una auditoría de desempeño a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, un informe público de Pemex, y la comparecencia de funcionarios clave ante el Congreso, entre ellos la titular de la SENER, Luz Elena González Escobar, y el director de Gas Bienestar, **Gustavo Álvarez Velásquez.