El senador panista Enrique Vargas denuncia impunidad, hostigamiento y falta de garantías democráticas en Cuautla
Por Félix Muñiz
En un alarmante episodio que pone en entredicho el respeto a la democracia y al Estado de derecho en México, la senadora Juanita Guerra Mena fue agredida física y verbalmente durante un recorrido por la Plaza Fuerte de Morelos, en el municipio de Cuautla.
Los hechos ocurrieron ante la mirada de funcionarios y ciudadanos que acompañaban a la legisladora en una jornada de trabajo que terminó convertida en una violenta muestra de intolerancia.
Ante esta grave situación, el senador del PAN, Enrique Vargas del Villar, condenó enérgicamente el ataque contra su compañera del Senado y denunció el hostigamiento sistemático que ha sufrido por denunciar irregularidades del gobierno municipal de Cuautla.
El legislador panista fue claro: “Exijo al gobierno de Morelos que garantice de inmediato la seguridad de la senadora Juanita Guerra, y que las autoridades correspondientes actúen con firmeza para investigar a fondo lo ocurrido”.
Los hechos no son menores. Que una senadora de la República sea agredida en plena vía pública, mientras realiza actividades oficiales, es una señal inequívoca del deterioro institucional que atraviesa el estado de Morelos, donde la ley ha sido rebasada por la impunidad, la corrupción y el desgobierno.
Más allá de una confrontación política, lo sucedido en Cuautla evidencia un patrón peligroso: la persecución contra quienes se atreven a señalar abusos del poder local. Juanita Guerra Mena ha venido denunciando irregularidades graves en la administración municipal y hoy paga el costo con agresiones físicas, verbales y una campaña de hostigamiento que busca silenciar su voz.
¿Dónde está la gobernadora de Morelos? Margarita González Saravia ¿Qué garantías existen para los legisladores, periodistas, activistas o ciudadanos que quieran denunciar lo que está mal? Enrique Vargas no dudó en señalar que lo ocurrido refleja un clima de impunidad alarmante, y exigió que no haya encubrimiento de ninguna autoridad municipal ni estatal.
Además, hizo un llamado al Congreso de la Unión y a las comisiones de derechos humanos para que vigilen de cerca este caso y actúen con responsabilidad. “El silencio ante la violencia es complicidad. No podemos permitir que la agresión a una senadora quede sin castigo, ni que se normalicen estos actos como parte del quehacer político”, declaró Vargas.
Mientras el gobierno de Morelos guarda silencio, los hechos hablan por sí solos: Cuautla se ha convertido en un foco rojo, donde las denuncias ciudadanas se encuentran con intimidaciones, y el ejercicio público enfrenta represalias violentas.
La seguridad y el respeto a las instituciones no pueden ser negociables. El caso de Juanita Guerra debe marcar un precedente: la violencia política no puede ni debe tolerarse en ningún nivel de gobierno.