Oposición denuncia militarización del recinto legislativo y exige explicaciones contundentes al Gobierno federal
Por Félix Muñiz
La presencia de al menos 50 elementos de las Fuerzas Armadas, específicamente de la Guardia Nacional, al interior del Senado de la República encendió las alarmas este miércoles, provocando una oleada de críticas y preocupación entre legisladores de oposición, quienes calificaron el hecho como una violación directa al recinto legislativo y un acto inaceptable de militarización del Poder Legislativo.
La denuncia fue hecha pública por la senadora del PRI, Claudia Anaya, quien alertó desde sus redes sociales sobre lo que describió como una invasión de la Cámara Alta.
“Esta Cámara de Senadores, poder soberano de la Unión, ha sido invadida por las Fuerzas Armadas en absoluta violación al recinto legislativo. Muy grave”, escribió la legisladora, acompañando su mensaje con imágenes que muestran la presencia de uniformados dentro del recinto.
La denuncia fue respaldada por presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien subrayó la gravedad del hecho, independientemente de que los elementos de la Guardia Nacional estuvieran o no armados. “Eso no se puede permitir. No se puede violentar el recinto. Hay videos, hay evidencia. La seguridad del Senado debe estar en manos de las autoridades civiles, no militares”, puntualizó.
Respuestas evasivas e inconsistentes
En un intento por calmar las aguas, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, aseguró que el personal de la Guardia Nacional no portaba armas de fuego y que únicamente vestía chalecos de protección. “Eso es importante señalarlo, solamente cuentan con chalecos”, afirmó, minimizando la situación que claramente supera un asunto de indumentaria.
La legisladora de Morena Itzel Castillo justificó la presencia de los elementos de seguridad como una “medida disuasiva” solicitada previamente por la presidencia del Senado, ante la posibilidad de manifestaciones en favor de Palestina. Sin embargo, esta justificación ha sido duramente cuestionada, pues no se consultó ni se informó debidamente a la Junta de Coordinación Política ni a los legisladores.
Además, la legisladora morenista argumentó que muchos de los elementos estaban “resguardándose de la lluvia”, lo que generó confusión sobre su verdadera función. Esta explicación fue considerada por analistas y legisladores como un pretexto inverosímil para encubrir una acción altamente irregular.
¿Militarización del Poder Legislativo?
El ingreso de fuerzas armadas al recinto parlamentario sienta un precedente sumamente peligroso para la división de poderes en México. Si bien la Constitución permite a la presidencia del Senado tomar medidas para garantizar la seguridad, el uso de fuerzas castrenses para ese fin contraviene el principio de civilidad que debe regir los espacios democráticos.
Lo sucedido este miércoles representa un retroceso alarmante en la vida institucional del país, en un contexto en el que la militarización de tareas civiles ha sido duramente cuestionada a lo largo del actual sexenio. La oposición ha exigido explicaciones formales, una investigación transparente y garantías de que esta situación no se repetirá.
La crítica central es clara: la seguridad del recinto legislativo no puede quedar en manos de cuerpos armados, mucho menos sin consentimiento pleno del Pleno del Senado. La línea que separa el resguardo legítimo de la intimidación política es delgada, y lo ocurrido esta semana parece haberla cruzado.