Se trata de una reforma a la Constitución Política promovida por el Congreso del Estado de Guerrero
Por Félix Muñiz
La reciente iniciativa del Congreso del Estado de Guerrero para reformar el artículo 19 de la Constitución Política ha generado un debate significativo en el ámbito legislativo. La propuesta busca incluir la extorsión en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, una medida que ha sido recibida con opiniones divididas tanto por los expertos en derecho como por la ciudadanía.
Una Medida Controversial
La Comisión Permanente del Congreso de Guerrero presentó esta iniciativa con el objetivo de abordar uno de los delitos más comunes y dañinos en México. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la extorsión es uno de los delitos más frecuentes, con una incidencia alarmante de 5,134 casos por cada 100,000 habitantes. De estos, el 88.9% se realizan por vía telefónica, una modalidad que ha ido en aumento en los últimos años. Esta estadística pone en relieve la magnitud del problema y la necesidad urgente de encontrar soluciones efectivas.
Impacto en la Sociedad y el Comercio
La propuesta del Congreso de Guerrero subraya que la extorsión afecta de manera desproporcionada a los comerciantes y pequeños y medianos empresarios. Las consecuencias de este delito no solo son económicas, sino también psicológicas y físicas, generando un clima de miedo y desconfianza que dificulta el desarrollo económico y social. La inclusión de la extorsión en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva se presenta como una medida para proteger a las víctimas, los testigos y la sociedad en general, asegurando que los perpetradores permanezcan en custodia durante el proceso penal.
El Debate sobre la Eficacia y los Derechos Humanos
La propuesta ha sido turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su análisis. Sin embargo, esta medida no está exenta de controversia. Algunos críticos argumentan que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y que su ampliación puede conducir a abusos y violaciones de derechos humanos. La desconfianza en las autoridades y el sistema de justicia es un factor crucial, dado que hasta el 97% de las extorsiones no se denuncian por miedo a represalias o desconfianza en la eficacia judicial.
Una Solución a las “Puertas Giratorias”
El Congreso de Guerrero defiende que la inclusión de la extorsión en los delitos que merecen prisión preventiva es necesaria para romper el ciclo de impunidad. Argumentan que muchos extorsionadores, al ser liberados, continúan con sus actividades delictivas, convirtiendo a los Ministerios Públicos y Juzgados Penales en “puertas giratorias”. La medida busca asegurar que los detenidos por extorsión no puedan seguir operando mientras esperan su juicio, proporcionando así una mayor seguridad a las víctimas y a la comunidad.
De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Política, las legislaturas de los estados tienen la facultad de proponer reformas constitucionales, al igual que el presidente de la República, diputados, senadores y agrupaciones ciudadanas. Esta iniciativa, por tanto, representa el ejercicio de estas facultades por parte del Congreso de Guerrero en un intento de abordar un problema grave y persistente en la sociedad mexicana.
La propuesta de incluir la extorsión en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva es una respuesta a la creciente incidencia y gravedad de este delito en México. Sin embargo, la medida debe ser cuidadosamente considerada, balanceando la necesidad de protección de las víctimas con el respeto a los derechos humanos y la prevención de posibles abusos. La discusión en el Congreso y la participación ciudadana serán cruciales para determinar el futuro de esta iniciativa y su impacto en la justicia y seguridad del país.