Graves omisiones y opacidad ensombrecen el proceso de renovación del Poder Judicial; el INE alerta sobre posibles infracciones que podrían suspender derechos político-electorales
Por Félix Muñiz
El proceso para elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial —ya de por sí cuestionado por su legitimidad— ha sumado un nuevo capítulo de escándalo. El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la recepción de 38 denuncias formales contra candidatos y candidatas, muchas de ellas por posibles infracciones graves, que podrían derivar en la suspensión de derechos político-electorales.
Durante la sesión extraordinaria celebrada este jueves en las instalaciones del INE, se informó que 26 de estas denuncias fueron clasificadas como graves, lo que motivó el envío de requerimientos legales, la apertura de 16 procedimientos con garantía de audiencia y cinco casos actualmente bajo revisión.
Las alarmas se dispararon tras la intervención de la consejera electoral Carla Humphrey, quien detalló que algunas de estas candidaturas están vinculadas con señalamientos de extrema gravedad, entre ellos:
- Dos casos de presunta violación contra menores de edad.
- Varios deudores alimentarios identificados.
- Un individuo actualmente prófugo de la justicia.
Ante este panorama, la consejera electoral Carla Humphrey calificó como “profundamente preocupante” el hecho de que las autoridades competentes no han respondido a los requerimientos de colaboración del INE. “La falta de respuesta no solo pone en duda la transparencia del proceso, sino que también socava la confianza ciudadana en las instituciones del Estado”, advirtió.
Además, la consejera subrayó una preocupante asimetría en la información pública: mientras que los denunciantes, ya sean personas u organizaciones, aparecen plenamente identificados, los nombres de los candidatos involucrados siguen sin hacerse públicos, amparados en un preocupante velo de opacidad.
“Las personas que aspiren a integrar el Poder Judicial deben estar libres de sentencias firmes. No podemos permitir que individuos con antecedentes penales o faltas graves ingresen a un poder que debe representar justicia e integridad”, afirmó Humphrey.
Este nuevo escándalo llega en un momento en el que el proceso de elección judicial ya ha sido duramente criticado por su naturaleza clientelar, su baja participación ciudadana, y la presencia masiva de votos nulos. Las denuncias contra candidatos ponen en entredicho no solo la idoneidad de quienes se postulan, sino también la viabilidad del modelo de elección impulsado por el oficialismo.
Con esta nueva revelación, se consolida la percepción de que el proceso judicial no fue democrático ni transparente, y que lejos de fortalecer al Poder Judicial, lo ha expuesto a una captura política sin precedentes, plagada de irregularidades, negligencia y candidatos claramente inadecuados.
Si la transformación de México pasa por el fortalecimiento de sus instituciones, no puede hacerse con personas que cargan con antecedentes tan graves o que están siendo activamente investigadas. La crisis institucional es evidente, y el INE, pese a sus limitaciones, ha dejado una señal clara: la elección del Poder Judicial está manchada y requiere una revisión urgente.