No le compete al Poder Judicial impedir el cambio constitucional, ni modificar la voluntad soberana del pueblo
Por Félix Muñiz
El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado ha presentado una iniciativa que propone que las reformas a la Constitución sean inimpugnables a través de mecanismos como la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el juicio de amparo.
La iniciativa, impulsada por el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, también cuenta con la autoría de figuras clave como Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, y los diputados Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna.
Los cambios propuestos incluyen modificaciones al segundo párrafo del artículo 1°, así como la adición de un último párrafo al artículo 103 y al artículo 105. Además, se busca modificar el primer párrafo de la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución Política. Según los impulsores de la iniciativa, estos cambios tienen como objetivo defender las reformas y adiciones realizadas por el Congreso de la Unión, considerado el poder reformador de la Carta Magna.
El político tabasqueño Adán López Hernández subrayó que esta iniciativa “hace constar que las reformas o adiciones a la Constitución General son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México”. El senador argumentó que las reformas constitucionales representan un proceso deliberativo amplio y una decisión política colectiva que poseen una “dignidad democrática especial”.
La propuesta señala que las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad dirigidas a impugnar las reformas a la Constitución son improcedentes. Esto incluye la impugnación del proceso deliberativo y legislativo, así como las resoluciones de autoridades electorales. Según López Hernández, la función del Poder Judicial de la Federación es la defensa de la Constitución a través de su interpretación, pero no debe involucrarse en su modificación.
“Los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos a una regularidad constitucional a través del juicio de amparo ni a un control difuso de constitucionalidad”, afirmó el senador. Reiteró que el poder revisor de la Constitución tiene un control interno que no está sujeto a ningún tipo de control externo. Esto implica que las reformas constitucionales no serán susceptibles de control jurisdiccional, ya que los actos del órgano reformador se consideran funciones soberanas.
La iniciativa plantea que, en los juicios de amparo que aborden la inconstitucionalidad de normas generales, las sentencias no tendrán efectos generales. Es decir, solo beneficiarán a las personas que lo hayan solicitado, limitando así el alcance de las decisiones del Poder Judicial.
Este movimiento ha generado opiniones diversas en el ámbito político y jurídico. Los defensores de la iniciativa argumentan que busca fortalecer la soberanía del Congreso y la voluntad popular. Sin embargo, críticos advierten que limitar la capacidad del Poder Judicial para impugnar reformas podría erosionar los mecanismos de control y equilibrio entre los poderes del Estado.
La propuesta de Morena se alinea con un contexto político donde las reformas constitucionales son cada vez más frecuentes y controversiales. En este sentido, el debate sobre el papel del Poder Judicial en la defensa de la Constitución y el equilibrio de poderes cobra especial relevancia.
La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, marcando un potencial cambio en la dinámica legislativa y judicial del país. La discusión sobre esta iniciativa promete continuar generando un intenso debate entre los diversos actores políticos y la sociedad civil, en un momento crítico para la democracia en México.