Luis Alberto Salinas Arreortua también destacó que se ha privilegiado la mercantilización a partir de un inmueble en propiedad
Por Félix Muñiz
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impulsa una visión innovadora para enfrentar uno de los desafíos más urgentes en las ciudades contemporáneas: el acceso equitativo a la vivienda. En un análisis reciente presentado durante el seminario “Ciudad habitable para todas y todos”, especialistas de la Facultad de Arquitectura (FA) y del Instituto de Geografía (IG) coincidieron en que explorar arquitecturas alternativas para la vivienda y nuevas formas de tenencia del suelo podría frenar la especulación inmobiliaria y abrir paso a modelos más sociales, sostenibles y accesibles.
Durante el encuentro —realizado en el marco de la 8ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales de COMECSO: ¿Ciudad para quién?—, la doctora en Urbanismo Eftychia Danai Bournazou Marcou, académica de la FA, subrayó que la vivienda pública en alquiler sin opción a compra puede convertirse en una herramienta clave para contener la gentrificación. “Aunque representa un reto mayor, podría ser la única vía para limitar la expansión descontrolada del mercado inmobiliario”, afirmó.
La especialista explicó que países como Uruguay y diversas naciones europeas han logrado avances significativos mediante cooperativas de vivienda y políticas de renta social, modelos que México podría adaptar mediante la creación de un Sistema Nacional de Vivienda en Renta Social. Estos esquemas, señaló, implican transformaciones profundas que incluyen reformas constitucionales para promover la propiedad pública del suelo, así como la generación de marcos regulatorios claros y una mayor participación ciudadana en la formulación de políticas habitacionales.
En la misma línea, Mariana Borja Rodríguez, maestra en Arquitectura e integrante del Laboratorio de Vivienda de la FA, destacó la necesidad de impulsar modalidades de propiedad colectiva y cooperativas, especialmente para beneficiar a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Recordó que hoy en México no existen programas públicos robustos de vivienda en renta y que, en ciudades como la capital, la mayoría de los inquilinos carece de contratos formales. Esta informalidad, sumada al incremento acelerado de los precios —superior al 20% anual en zonas como Cuauhtémoc y Benito Juárez—, profundiza las desigualdades urbanas.
Borja recalcó que la vivienda dejó de ser un bien social para convertirse en un activo financiero, donde el acceso depende de la capacidad de endeudamiento y no de las necesidades reales de la población. “Mientras unos pueden costear vivir en zonas centrales, otros se ven orillados a desplazarse a las periferias”, señaló.
Por su parte, Luis Alberto Salinas Arreortua, investigador del IG, explicó que la mercantilización de la vivienda —tanto en venta como en alquiler— ha sido impulsada por normas permisivas y la libre circulación de capitales. Grandes empresas y fondos de inversión, incluso alimentados por ahorros de trabajadores, están adquiriendo inmuebles para destinarlos exclusivamente al alquiler a través de plataformas digitales. Este mercado, enfocado en personas de ingresos medios y altos, prioriza estadías cortas y alta rentabilidad.
Las y los especialistas coincidieron en que identificar arquitecturas alternativas de vivienda es una tarea urgente. La combinación de cooperativas, vivienda pública en renta y propiedad colectiva no solo es viable, sino necesaria para construir ciudades más equitativas, habitables y sustentables. Con propuestas innovadoras, investigación académica y participación social, la UNAM impulsa el camino hacia un futuro urbano más justo.