“Quieren imponer un Estado de miedo por encima del Estado de Derecho”
Por Félix Muñiz
En una sesión cargada de tensiones y la abstención del PAN, PRI y el voto en contra de MC, las Comisiones Unidas del Senado de la República con la aplanadora de Morena y sus aliados PT y el PVEM aprobaron modificaciones a la Ley de Lavado de Dinero que el coordinador de la bancada de senadores del PRI Manuel Añorve Baños dijo que representan un peligroso paso hacia el autoritarismo.
El dictamen original permitía, sin juicio previo ni necesidad de pruebas, que la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Guardia Nacional congelaran cuentas, silenciaran voces críticas y disolvieran organizaciones civiles. Todo, bajo el pretexto de una simple sospecha.
Este intento legislativo, presentado por Morena y avalado por sus aliados, fue duramente criticado por el senador guerrerense del PRI Manuel Añorve, quien denunció que la reforma no responde a una preocupación legítima por la seguridad, sino al deseo de consolidar un aparato de persecución política.
“Quieren imponer un Estado de miedo por encima del Estado de Derecho”, advirtió. “Sin juicio previo, sin prueba, sin jueces: solo sospecha y castigo”.
La gravedad de la denuncia no es menor. De aprobarse esta versión de la ley, el Gobierno Federal tendría la facultad de intervenir en campañas políticas, congelar fondos a sindicatos y asfixiar financieramente a organizaciones no gubernamentales, sin mediar orden judicial. Una herramienta ideal para silenciar opositores en plena coyuntura electoral.
Carolina Viggiano Austria, senadora del PRI, fue aún más explícita al señalar que esta ley convierte a la sociedad civil en blanco de una cacería institucional. “Se pretende criminalizar a quienes sostienen orfanatos, asilos y bancos de alimentos”, denunció. “Morena usa la ley para perseguir a quienes suplen funciones que el Estado ha abandonado”.
La UIF, bajo este esquema, dejaría de ser un órgano técnico para convertirse en un brazo armado del régimen. Viggiano recordó que, de 800 denuncias hechas por la UIF, solo 66 han sido judicializadas. “Esto no es justicia, es venganza burocrática”, sentenció.
Lo que debiera ser un instrumento de combate al crimen organizado amenaza con convertirse en un mecanismo de censura y represión política. La facultad de congelar cuentas por meras sospechas no es solo un exceso legal, sino una receta lista para el abuso de poder. ¿Quién decide qué es sospechoso? ¿Una oficina sin controles ni rendición de cuentas?
El PRI advirtió que reconsiderará su voto si el dictamen no garantiza respeto pleno a las libertades civiles. “Las leyes deben proteger a todos, no solo a los afines al régimen”, enfatizó Añorve Baños. Y tienen razón: no se puede legislar desde el miedo ni desde la venganza.
La sociedad civil, los partidos políticos, las iglesias y los sindicatos no pueden quedar a merced del capricho del poder. México no necesita una ley de lavado de dinero que lave, precisamente, los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Necesita leyes que respeten la justicia, el debido proceso y la libertad. Lo contrario es legislar la represión.