Advierten el incumplimiento de tratados internacionales como el T-MEC y dan facilidades a los carteles para que intervengan en la elección de jueces
Por Félix Muñiz
La reciente reforma judicial promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y su mayoría legislativa en el Congreso ha desatado un alarmante debate en torno a la salud democrática de México.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha denunciado ante la comunidad nacional e internacional que esta reforma representa un grave retroceso democrático y jurídico, que podría comprometer la independencia del Poder Judicial y en consecuencia, el cumplimiento de tratados internacionales como el T-MEC.
En conferencia de prensa la directora nacional de la ( JUFED ) Juana Fuentes Velázquez, sostuvo que la politización de la justicia se convierte en un tema central en este contexto. La propuesta de elecciones directas para jueces, contemplada para 2025 y 2027, ha suscitado inquietudes sobre la posibilidad de que actores externos, como carteles criminales, interfieran en el proceso electoral.
El embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, ha subrayado este riesgo, afirmando que la falta de un sistema judicial confiable podría erosionar la histórica relación comercial entre México y Estados Unidos. La advertencia del embajador resuena con la preocupación de la JUFED: un sistema judicial debilitado no solo afecta a los ciudadanos, sino que compromete la confianza de los inversores y, en última instancia, la estabilidad económica del país.
Ante este panorama, es urgente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación asuma su responsabilidad histórica en la defensa de la independencia judicial. Asimismo, se hace un llamado a la comunidad internacional, incluidas organizaciones como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que condenen este retroceso democrático que coloca a México al borde de un modelo autoritario.
La reforma, al eliminar mecanismos de independencia judicial, plantea serios riesgos para el sistema legal del país. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá exige que los países miembros mantengan un sistema judicial imparcial y autónomo para resolver disputas comerciales.
Sin embargo, con la aprobación de esta reforma, México podría estar debilitando su marco legal y socavando la confianza de los inversores. Un sistema judicial que no sea percibido como independiente afectará la capacidad del país para atraer inversiones, cruciales para su desarrollo económico.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta reforma es su falta de respeto por la especialización de los tribunales actuales en áreas críticas como telecomunicaciones, propiedad intelectual y medio ambiente. La reciente reforma laboral de 2019 había representado un avance significativo hacia un sistema de justicia laboral más autónomo y especializado, alineándose con las exigencias del T-MEC. Sin embargo, el actual proyecto legislativo amenaza con destruir estos logros, debilitando la profesionalización de los juzgadores y poniendo en peligro el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México.
La erosión de la certeza jurídica y la desaparición de la carrera judicial no son cuestiones menores. Los ciudadanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial, lo que repercute directamente en el respeto a los derechos humanos. Esta situación no solo es un problema regional; también vulnera acuerdos como el de Asociación Económica con la Comunidad Europea y afecta las relaciones con socios estratégicos como Estados Unidos.
Es crucial que la sociedad civil y la comunidad internacional no permanezcan en silencio ante este “golpe de Estado” abierto contra la democracia mexicana. La defensa de un sistema judicial independiente es vital no solo para la justicia social, sino también para garantizar el desarrollo económico y la estabilidad del país. La situación demanda un compromiso colectivo para revertir este retroceso y proteger los derechos de todos los mexicanos.