Ricardo Anaya advirtió sobre riesgos de censura y vigilancia sin control judicial; exige correcciones clave para respaldar el dictamen
Por Félix Muñiz
La bancada del PAN en el Senado ha puesto condiciones claras y contundentes para emitir su voto a favor del nuevo dictamen de la Ley de Telecomunicaciones que será discutido en el pleno.
A pesar de los avances obtenidos en los últimos dos meses gracias a la presión de la oposición y, sobre todo, de la sociedad civil organizada, el grupo parlamentario ha advertido que aún existen dos puntos críticos que podrían abrir la puerta a abusos autoritarios si no son corregidos.
En conferencia los senadores panistas, encabezados por Ricardo Anaya Cortés, expresaron su preocupación por la redacción actual del artículo 183 del dictamen, que permite la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles sin necesidad de una orden judicial. Para el PAN, esta disposición vulnera derechos fundamentales y abre la posibilidad de que el gobierno acceda indiscriminadamente a la ubicación de los ciudadanos bajo pretextos ambiguos.
El legislador panista Ricardo Anaya señaló que “entienden que se quiera localizar a un delincuente en un caso específico, pero lo que no puede permitirse es la vigilancia masiva sin control judicial”, advirtió Anaya, exigiendo que se establezca como requisito una orden emitida por un juez federal para cualquier solicitud de geolocalización.
El segundo punto que consideran “irrenunciable” se refiere al intento de ampliar las causales para la suspensión de transmisiones de radio y televisión. Actualmente, la ley sólo permite esta medida en casos de afectación a las audiencias infantiles. No obstante, el nuevo dictamen pretende extenderla a una figura ambigua de “audiencias en general”, lo cual —alertan los panistas— podría prestarse a censura arbitraria por parte del gobierno bajo criterios subjetivos.
“Podrían suspender un programa simplemente porque al gobierno no le gusta lo que se está diciendo”, advirtió Anaya, quien denunció esta redacción como un retroceso en materia de libertad de expresión. El PAN demanda que se mantenga la redacción vigente, limitada exclusivamente a la protección de los derechos de las audiencias infantiles.
A pesar de estos señalamientos, los senadores del PAN reconocieron que gracias a la participación de la sociedad civil, cuatro de los seis puntos más preocupantes ya han sido corregidos. Entre los avances destacan la eliminación del artículo 109, que otorgaba a un solo funcionario la facultad de bloquear plataformas digitales, y el retiro de mecanismos de censura previa a noticieros internacionales, como CNN.
Sin embargo, los dos puntos pendientes no son menores. Lo que está en juego (como bien han expresado) es la posibilidad de que se consolide un marco legal que justifique el espionaje sin control y silencie las voces críticas en los medios.
Por ello, la bancada del PAN condiciona su voto favorable a que se atiendan estas dos demandas que, más que políticas, son esenciales para garantizar derechos constitucionales. En sus palabras, se trata de evitar que México normalice la vigilancia sin control judicial y la censura disfrazada de regulación.
El gobierno, por ahora, ha mostrado “disposición razonable” para escuchar. Mañana, en el pleno, se sabrá si esa disposición se traduce en hechos.