Con su estilo pendenciero, arrogante y provocador, Noroña no solo vulneró el orden parlamentario, sino que utilizó su cargo para agredir verbalmente a legisladores de oposición, en particular a Lilly Téllez, Federico Döring y Margarita Zavala
Por Félix Muñiz
En una muestra más del desmoronamiento del Estado de Derecho y la degradación institucional que vive México, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, denunció una sesión convocada de manera ilegal por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, anunciando que su bancada no asistirá.
La decisión, respaldada por los grupos parlamentarios de Acción Nacional en ambas cámaras, destapa nuevamente el hedor a autoritarismo y manipulación política que emana del oficialismo.
Lo que debiera ser un órgano plural, deliberativo y representativo, se ha convertido en una maquinaria de imposición. La conducción parlamentaria, cada vez más parcial, ha convertido los recintos legislativos en escenarios de circo político.
La reciente actuación del senador Gerardo Fernández Noroña como presidente de la sesión del miércoles pasado es apenas el último episodio de una larga cadena de atropellos. Con su estilo pendenciero, arrogante y provocador, Noroña no solo vulneró el orden parlamentario, sino que utilizó su cargo para agredir verbalmente a legisladores de oposición, en particular a Lilly Téllez, Federico Döring y Margarita Zavala.
¿Hasta cuándo el poder legislativo seguirá siendo rehén de quienes ven el Congreso como un púlpito de insultos y un instrumento para el espectáculo? La conducción de Fernández Noroña fue cualquier cosa menos democrática. Se trató de una sesión viciada desde su convocatoria, marcada por la ilegalidad, el autoritarismo y el uso político de las instituciones para acallar voces disidentes.
El PAN denuncia —con razón— que los temas propuestos para discusión no están contemplados entre las atribuciones constitucionales de la Comisión Permanente. En otras palabras, lo que se busca es utilizar al Congreso como un foro paralelo del poder presidencial, donde se reparten culpas, se linchan figuras incómodas y se intentan legitimar decisiones que no tienen sustento legal.
El Congreso de la Unión está siendo vaciado de su función más esencial: ser contrapeso. En lugar de pluralidad, hay exclusión. En lugar de debate, hay gritos. En lugar de legalidad, improvisación e imposición. Lo más alarmante es que esta deriva autoritaria ya no es una excepción, sino una norma. El oficialismo —y sus aliados— han optado por gobernar sin diálogo, por fuerza de números y no de razones.
La bancada del PAN, al negarse a participar en esta farsa, envía un mensaje claro: la legalidad importa. Pero eso no basta. Se requiere una oposición más firme, más activa y decidida a frenar el uso faccioso de las instituciones. No basta con denunciar; hay que confrontar, exhibir y movilizar.
La democracia mexicana está siendo erosionada desde dentro. Hoy más que nunca, se necesita una resistencia real, no simbólica. Porque lo que está en juego no es una sesión más. Es la esencia misma del poder legislativo: representar al pueblo con dignidad y respeto. Y eso, lamentablemente, ha dejado de suceder en el México de hoy.