Califican las audiencias públicas como un montaje exprés sin intención real de escuchar a la ciudadanía
Por Félix Muñiz
En un acto de coherencia política y con un tono de dura crítica, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República ha anunciado su decisión de no participar en las audiencias públicas convocadas por el bloque mayoritario para discutir la reforma a la Ley de Amparo.
La bancada tricolor no se anda con rodeos: lo que se presenta como un ejercicio democrático no es más que una puesta en escena grotesca, una simulación mal disfrazada de diálogo ciudadano.
Desde la óptica del PRI, estas audiencias públicas no son otra cosa que una farsa. Se convocaron de forma exprés, sin planeación, sin metodología seria y con la clara intención de aparentar apertura sin abrir realmente la puerta al debate plural.
“Una convocatoria hecha al vapor y sobre las rodillas”, denuncian con razón. No se trata de un foro democrático, sino de un montaje que busca legitimar decisiones ya tomadas de antemano.
La historia se repite. Así lo evidencian las propias palabras del grupo parlamentario priista, al recordar el engaño que representaron los “conversatorios” sobre la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En aquella ocasión, se fingió escuchar a expertos, académicos y organizaciones civiles, solo para terminar ignorando todas las propuestas sustantivas. Hoy el oficialismo intenta el mismo truco, con el mismo cinismo.
Lo que se pretende con estas “audiencias públicas” no es enriquecer el dictamen, sino lavarse la cara. “Taparle el ojo al macho” y justificar una reforma profundamente regresiva, que atenta contra una de las herramientas jurídicas más importantes para la defensa de los ciudadanos frente a los abusos del poder: el juicio de amparo.
El PRI, con esta postura, se niega a ser parte del espectáculo. Se planta con firmeza y deja claro que no está dispuesto a convalidar una “burla de este tamaño”, en palabras de sus senadores. Su negativa a participar no es abstencionismo ni capricho, sino una toma de posición clara: no serán cómplices de un teatro que degrada la función legislativa y traiciona los principios de legalidad y justicia.
La reforma a la Ley de Amparo que promueve el oficialismo no solo vulnera derechos fundamentales, sino que además pretende avanzar escondida tras el telón de una falsa deliberación pública. Es, como señala el PRI, doblemente ofensiva: contra los derechos de los ciudadanos y contra la inteligencia de los mexicanos.
En tiempos donde la simulación se ha vuelto norma en el proceso legislativo, la postura del PRI (aunque insuficiente si no se acompaña de acción jurídica y social) representa un necesario alto en el camino. Una señal de alarma ante el desmantelamiento de los contrapesos democráticos y las garantías constitucionales.
No se trata de escenificar democracia, sino de ejercerla. No se trata de aparentar inclusión, sino de escuchar verdaderamente a la sociedad. Y en ese sentido, el mensaje del PRI es claro: no habrá acompañamiento a farsas ni aval a reformas que pisotean la justicia.