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La Bancada del PRI se opondrá a la reelección de Rosario Piedra en la CNDH por escándalo de documentos falsos: Alejandro Moreno

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera denuncio que su firma fue falsificada en una carta que presuntamente apoyaba a Piedra

Por Félix Muñiz

 

 

El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, ha dejado claro que su bancada votará en contra de la reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tras la revelación de un escándalo relacionado con documentos falsificados que presuntamente respaldaban su postulación.

La polémica ha desatado una ola de críticas tanto en el Senado como en la opinión pública, evidenciando la falta de credibilidad en el proceso de selección y cuestionando la idoneidad de la funcionaria para ocupar nuevamente el cargo.

El conflicto se desató luego de que Piedra Ibarra enviara al Senado una carta que resultó ser falsa, en la que supuestamente figuraban respaldos de personajes clave en la vida pública del país, como el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera.

Sin embargo, el mismo Jerarca religiosos Raúl Vera desmintió la carta, asegurando que su firma había sido falsificada, lo que generó una fuerte indignación. La filtración del documento apócrifo dejó claro que, en el contexto político, algunos sectores afines a la reelección de Piedra Ibarra habrían utilizado prácticas ilegales para tratar de darle un respaldo que, en realidad, no existía.

 

 

Alejandro Moreno no tardó en reaccionar ante este escándalo. El líder del PRI señaló que el simple hecho de que surgiera una duda razonable sobre la autenticidad de los documentos debería ser suficiente para que el oficialismo retirara a Rosario Piedra de la terna. En su opinión, el gobierno de Morena tiene la responsabilidad de actuar con seriedad y rectitud, respetando las normas y las convocatorias oficiales. Según Moreno, la terna enviada al Senado es una clara muestra de despropósito, pues asegura que Rosario Piedra no tiene ni el perfil ni la capacidad para seguir encabezando la CNDH.

A su vez, el PRI ha dejado claro que, tras un análisis profundo y entrevistas con los candidatos, no hay respaldo para la reelección de Piedra Ibarra. En su lugar, el partido considera que figuras como Paulina Hernández Diz y Nashieli Ramírez Hernández tienen un perfil más adecuado para el puesto, al haber demostrado responsabilidad en sus respectivos cargos. En palabras de Moreno, estas candidatas cuentan con un historial de trabajo serio y comprometido con la defensa de los derechos humanos, a diferencia de Rosario Piedra.

La senadora Claudia Anaya también se pronunció con firmeza, anunciando que pedirá a la Junta de Coordinación Política del Senado que excluya a Rosario Piedra de la terna enviada por las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia. Anaya subrayó que este tipo de prácticas fraudulentas no deben quedar impunes y que es necesario que se abra una investigación sobre la falsificación de los documentos. Además, consideró que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, debe presentar una denuncia para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

La postura del PRI frente a la reelección de Rosario Piedra refleja una creciente desconfianza en los procesos internos de selección de la CNDH y plantea interrogantes sobre la integridad del sistema político mexicano. Si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una entidad crucial para la defensa de los derechos fundamentales en el país, la falta de transparencia y la utilización de documentos falsificados para manipular el proceso de elección deslegitiman no solo a la funcionaria en cuestión, sino a todo el sistema encargado de velar por la justicia y la equidad en México.

El caso pone de relieve la necesidad urgente de reformas en la elección de quienes ocuparán puestos de gran relevancia en instituciones clave para la democracia del país, como la CNDH. Mientras tanto, las fuerzas políticas deben actuar con responsabilidad para recuperar la credibilidad de las instituciones y garantizar que los procesos de selección sean claros, transparentes y respetuosos de la ley.

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