La aprobación se dio con 336 votos a favor, 123 en contra y 0 abstenciones
Por Félix Muñiz
Este lunes, la Cámara de Diputados ratificó en lo general el dictamen enviado por el Senado que reforma y adiciona la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, enfocándose en la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF). La aprobación se dio con 336 votos a favor, 123 en contra y 0 abstenciones, marcando un paso significativo en la transformación del proceso judicial en México.
La iniciativa, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió el apoyo mayoritario de Morena y sus aliados, quienes, basándose en los resultados de las elecciones del 2 de junio, lograron avanzar sin obstáculos en la aprobación de la ley. Esta reforma no solo establece un nuevo marco para la selección de más de 800 cargos judiciales, sino que también se alinea con la próxima sesión del Senado, programada para este martes, donde se emitirá la convocatoria para realizar entrevistas a los aspirantes.
El nuevo marco legal también proporciona al Instituto Nacional Electoral (INE) las herramientas necesarias para preparar el proceso electoral que se llevará a cabo el 1 de junio de 2025. Esta organización tendrá la responsabilidad de llevar a cabo las elecciones de manera efectiva y transparente, garantizando así la legitimidad del proceso.
Una de las principales ventajas de esta reforma es que permitirá al INE enfrentar las diversas suspensiones al proceso de elección de miembros del Poder Judicial, promovidas en gran parte por la oposición. Entre estas acciones se destacan los cinco recursos de suspensión interpuestos por la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, que han sido notificados al INE. A pesar de las impugnaciones, el Instituto no ha visto afectado su funcionamiento, ya que se encontraba en periodo vacacional, con su regreso programado para el 15 de octubre.
El debate en la Cámara de Diputados no estuvo exento de tensiones. La oposición expresó su descontento, argumentando que la reforma podría comprometer la independencia del Poder Judicial al dar un mayor control al gobierno sobre la selección de los jueces. Sin embargo, los partidarios de la iniciativa sostienen que es un paso necesario para garantizar una mayor transparencia y eficacia en el sistema judicial del país.
La reforma no solo se limita a la selección de jueces, sino que también busca establecer un proceso más claro y definido para la insaculación, lo que se espera que fortalezca la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Además, los legisladores destacan que este nuevo enfoque facilitará la rendición de cuentas y promoverá una mayor participación ciudadana en la selección de los magistrados.
La ratificación de esta ley marca un hito en la agenda legislativa del gobierno actual, evidenciando su compromiso por reformar las instituciones del país y adaptarlas a las necesidades del momento. A medida que se acerquen las fechas clave del proceso electoral y las entrevistas para los aspirantes a los cargos judiciales, se espera que este tema continúe generando debate y análisis en la esfera política y social.
Con este avance, el gobierno de Claudia Sheinbaum se posiciona en la búsqueda de un sistema judicial más robusto y alineado con los principios de transparencia y justicia, aunque el camino hacia la implementación de estas reformas estará vigilado de cerca por diversos actores políticos y sociales.