El Empresario Fernando Barbachano acusa violaciones a Derechos Humanos
Por Félix Muñiz
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha comenzado a analizar la demanda presentada por el empresario Fernando Barbachano Herrero, quien reclama la vulneración de sus derechos humanos en relación con el despojo de su propiedad, el Hotel Mayaland y The Lodge de Chichén Itzá. El empresario acusa actos de corrupción, irregularidades judiciales y abuso de poder por parte de autoridades del Estado Mexicano, en particular de funcionarios de Yucatán.
El caso, que ha tomado relevancia internacional, involucra a varias figuras políticas y judiciales del estado, como el exgobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y el Fiscal General del Estado, Juan Manuel León León. Además, están implicados jueces locales y federales que, según la denuncia, actuaron de forma ilegal para favorecer a Rodolfo Rosas Moya, quien habría incurrido en el despojo del inmueble.
El abogado de Barbachano, Gerardo Ostos Rincón Gallado, explicó que la denuncia ante la CIDH fue presentada el 6 de noviembre de 2024 y que la notificación sobre el inicio del análisis de la demanda se produjo el 18 de diciembre. La Comisión Interamericana está evaluando las violaciones denunciadas, lo que podría llevar a una condena contra México si se considera que se han infringido los derechos del empresario.
El caso Mayaland podría representar la quinta ocasión en que la CIDH condena al Estado Mexicano por violaciones a derechos humanos. A lo largo de los años, México ha sido sancionado en otros casos como los de Guillermo Castañeda Goodman, Rosendo Radilla Pacheco, y más recientemente, los de García Rodríguez y Reyes Alpizar, todos relacionados con temas de prisión preventiva.
La denuncia presentada por Barbachano también cuestiona la actitud de la Fiscalía General de Justicia de Yucatán, que se ha negado a cumplir una sentencia de amparo federal que obligaba a las autoridades a devolver el hotel a su legítimo propietario. Según el abogado, la Fiscalía incurre en desacato al negarse a acatar la orden judicial que, desde septiembre de 2023, había dispuesto la devolución de los bienes de Barbachano.
Ostos señaló que, en caso de que la CIDH falle a favor de Barbachano, el Estado Mexicano tendría que disculparse públicamente y compensar económicamente al empresario. Este tipo de reparaciones ya ha ocurrido en otros casos similares, lo que podría sentar un precedente importante para la justicia en México.
Cronología del Caso Mayaland Chichén Itzá
El conflicto tiene su origen en un contrato de compraventa firmado el 7 de agosto de 2020 entre Barbachano y la Inmobiliaria R4 (representada por Rodolfo Rosas Moya). El contrato estipulaba una penalización de 6 millones de dólares en caso de incumplimiento, lo cual ocurrió cuando Rosas Moya solicitó una prórroga para realizar el pago, pero fue denegada por Barbachano.
El 17 de febrero de 2022, un grupo de hombres armados irrumpió en las instalaciones de los hoteles, lo que motivó que la Fiscalía de Yucatán decidiera entregarlos en depositaría a un apoderado de Inmobiliaria R4, sin contar con la autorización judicial correspondiente. A partir de ahí, el caso se ha complicado aún más, con la intervención de diversas autoridades locales que se niegan a cumplir con las órdenes judiciales que ordenan la devolución de los bienes a su propietario.
En septiembre de 2023, la Fiscalía de Quintana Roo reconoció la ilegalidad del aseguramiento de los hoteles, pero el Fiscal de Yucatán no ha cumplido con la orden de devolver los inmuebles a Barbachano, lo que llevó al empresario a presentar una serie de amparos y solicitudes de intervención ante diversas autoridades.
Este complejo litigio, que ya ha recorrido diversas instancias judiciales nacionales, ahora se encuentra bajo el análisis de la CIDH, que podría llevar a una condena internacional para el Estado Mexicano si se demuestra que se han vulnerado los derechos fundamentales del empresario.
El caso Mayaland ha puesto en evidencia serias irregularidades en la justicia mexicana, y la intervención de la CIDH podría tener repercusiones significativas. A medida que el estudio de la demanda avanza, las expectativas de una posible condena para México crecen, lo que podría resultar en una disculpa pública y compensaciones económicas para Fernando Barbachano. Este proceso subraya las dificultades que enfrenta el sector privado en México cuando las instituciones judiciales fallan en garantizar un acceso efectivo a la justicia.