Se trata de un mandato popular, pero, además, no se puede permitir que ocho personas estén por encima del pueblo y de los poderes de la república
Por Félix Muñiz
En un contexto de creciente tensión política, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, ha hecho eco de un mensaje contundente respecto a la elección de jueces, ministros y magistrados: “es un mandato popular”. Este pronunciamiento resuena en medio de la inminente discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que busca invalidar disposiciones constitucionales clave para el proceso electoral de estos cargos.
El legislador de Morena Fernández Noroña no se ha guardado críticas hacia lo que él considera un intento de la SCJN por superar a otros poderes del Estado. “No se puede permitir que ocho personas estén por encima del pueblo y de los poderes de la República”.
Fernández Noroña afirma que la propuesta de la Suprema Corte podría poner en peligro la posibilidad de una verdadera transformación en el país. En su opinión, la renovación del Poder Judicial es crucial y, a la vez, innegociable.
Este desafío al poder judicial es significativo. La SCJN, programada para discutir el proyecto el 5 de noviembre, se encuentra en una posición delicada. La propuesta de González Alcántara, que propone continuar la elección de ministros mientras se invalidan las disposiciones que rigen la elección de jueces y magistrados, podría alterar el equilibrio de poderes establecido en la Constitución.
Fernández Noroña ha sido claro al señalar que la Corte no tiene la autoridad para “echar atrás” artículos vigentes de la Constitución, un argumento que resuena con aquellos que defienden la separación de poderes.
El legislador subraya la gravedad de lo que considera una “soberbia” de la SCJN, advirtiendo que este tipo de acciones representan un riesgo para la democracia mexicana. La idea de que un grupo selecto de magistrados tenga la capacidad de determinar el rumbo de instituciones vitales es vista como un retroceso en la lucha por un sistema más representativo y accesible al pueblo.
“Ellos que hablan de una república de división de poderes son los que están rompiendo el equilibrio”, declara Noroña, insinuando que la misma Corte está operando en contra de sus propios principios.
La elección de jueces y magistrados, según Noroña, no solo es una cuestión de procedimiento, sino de mandato popular. La política de inclusión y renovación que propone el Senado es vista como una respuesta a un clamor social por un Poder Judicial más representativo y menos elitista. “Que pase lo que quieran, nosotros no nos moveremos ni un milímetro”, añade, reafirmando su compromiso con un proceso electoral que se llevará a cabo en junio de 2025.
Además, el Senado ha declarado que la declinación de 227 magistrados y 110 jueces es improcedente, garantizando que estos cargos se elijan hasta el año 2027. Este punto es crucial, ya que asegura la continuidad del proceso electoral y evita que vacíos de poder se establezcan en un momento tan crítico para el país.
La postura de Gerardo Fernández Noroña y su firme insistencia en la elección de jueces, ministros y magistrados refleja un momento decisivo en la política mexicana. La tensión entre el poder legislativo y judicial podría definir no solo la estructura del sistema de justicia en el país, sino también la confianza del pueblo en sus instituciones.
La elección de los encargados de impartir justicia es, sin duda, un tema que trasciende lo legal y toca las fibras más sensibles de la democracia mexicana. La pregunta ahora es: ¿está la SCJN dispuesta a ceder ante la voluntad popular o marcará un precedente que podría cambiar el equilibrio de poderes en México?