Presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal que integre a desarrolladores sinaloenses en la planeación de políticas de vivienda
Por Félix Muñiz
La industria de la construcción de Sinaloa está en crisis. Así lo denunció con firmeza la senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos, al evidenciar el colapso de uno de los sectores productivos más importantes del estado, resultado directo —dijo— del abandono, la improvisación y la arrogancia del Gobierno Federal, encabezado por Morena.
Según datos presentados por la legisladora, el desarrollo y la venta de viviendas en la entidad han caído un alarmante 70%, afectando no sólo a las empresas constructoras y desarrolladores inmobiliarios, sino también a cientos de familias que dependen de este rubro para subsistir.
El desplome del sector no es una simple estadística: es una crisis social, económica y laboral de gran escala que amenaza con profundizar la desigualdad y el estancamiento regional.
A pesar de este escenario devastador, el Gobierno Federal mantiene una actitud excluyente y centralista. La senadora Sánchez Ramos denunció que el programa nacional de vivienda se está implementando sin consultar ni tomar en cuenta a las constructoras locales ni a los desarrolladores inmobiliarios de Sinaloa. Es decir, se decide desde el centro, ignorando la realidad en los estados.
“Claro, como hacen las cosas en Morena: sin transparencia, sin planeación y sin rendir cuentas”, sentenció la legisladora priista. Su crítica, cargada de severidad, pone el dedo en la llaga de una administración que ha hecho del autoritarismo burocrático una forma de gobierno, despreciando el conocimiento técnico y la experiencia de los actores locales.
Para Paloma Sánchez, la exclusión del sector inmobiliario en la planeación de los programas federales de vivienda no es un error menor, sino una omisión deliberada que está destruyendo empleos, cerrando empresas y dejando sin hogar a miles de familias que dependen de créditos del INFONAVIT y programas de vivienda social para acceder a una casa digna.
Ante esta grave situación, la senadora anunció la presentación de un punto de acuerdo en el Senado de la República, con el que exige que las instituciones responsables —como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la CONAVI y el INFONAVIT— integren de manera real y efectiva al sector inmobiliario sinaloense en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de vivienda.
“No se puede hablar de desarrollo cuando se margina a quienes construyen las ciudades. Exigimos que se escuche, se respete e integre a los constructores y desarrolladores sinaloenses en cada etapa de los programas, porque sin transparencia y participación local, no hay futuro para las y los sinaloenses”, concluyó.
La denuncia de la senadora no es un mero reclamo partidista: es un llamado de urgencia a corregir el rumbo antes de que la crisis del sector construcción en Sinaloa se convierta en un desastre económico irreparable. La inacción y el desdén del Gobierno Federal sólo aceleran el deterioro de un sector clave para el bienestar de la población.