El Senado y su eterno simulacro legislativo
Por Félix Muñiz
La llamada Ley General para Prevenir y Sancionar la Extorsión parece destinada a seguir el tortuoso camino de muchas iniciativas en el Senado mexicano: promesas de rigor técnico, reuniones interminables y al final, un texto debilitado por el cálculo político y la complacencia institucional.
Lo que debería ser una respuesta urgente a uno de los delitos más lacerantes del país, se convierte, una vez más, en un espectáculo de dilación y autoprotección parlamentaria.
Los senadores Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, y Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguraron que la minuta sufrirá modificaciones de fondo antes de llegar al pleno.
Bajo el pretexto de “garantizar una legislación sólida y técnicamente clara”, ambos legisladores celebran la prudencia como si fuera una virtud política y no una excusa para prolongar la inacción.
El legislador chihuahuense por Morena Javier Corral insiste en que “las prisas y los fast track no son buenos consejeros”.
Pero el problema no es la velocidad, sino la falta de voluntad. Mientras el Senado se toma su “tiempo necesario”, las víctimas de extorsión —comerciantes, transportistas, familias enteras— siguen pagando el precio de una justicia que no llega. El legislador asegura que ya se trabaja con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, en una revisión técnica del dictamen. Sin embargo, lo que suena a rigurosidad técnica huele, en realidad, a un intento de blindar políticamente una ley que nadie quiere asumir con firmeza.
El debate sobre las penalidades revela el nerviosismo del Senado: reducir la media aritmética de las penas podría beneficiar a sentenciados actuales. Corral advierte que eso “podría generar efectos retroactivos”, como si el problema de fondo fuera jurídico y no ético. Lo que está en juego no es una ecuación aritmética, sino la coherencia de un Estado que, incapaz de proteger a sus ciudadanos, teme que su propia legislación se vuelva en su contra.
Los legisladores hablan también de sancionar a funcionarios públicos que participen en actos de extorsión. Pero esa propuesta, que debería ser central, se diluye en tecnicismos sobre “precisión de conductas” y “especialización de unidades de investigación”. La burocracia del lenguaje sustituye, como siempre, a la acción política.
Por su parte, Adán Augusto López Hernández, promete que “el martes próximo” podría votarse el dictamen, aunque aclara que aún se harán “ajustes”. En su voz, la palabra ajuste suena más a negociación partidista que a rigor legislativo. López y Corral insisten en que la extorsión es uno de los delitos más sensibles del país, pero parecen más preocupados por los efectos constitucionales de una reducción de penas que por el sufrimiento real de las víctimas.
En resumen, el Senado vuelve a demostrar que su principal especialidad no es legislar, sino postergar. La ley contra la extorsión, que debería ser un instrumento contundente contra la impunidad, corre el riesgo de convertirse en un texto tímido, diluido entre el miedo político y la retórica del consenso. Mientras los legisladores afinan “detalles técnicos”, la delincuencia organizada sigue cobrando su impuesto de sangre y silencio.
México no necesita más minutas revisadas ni dictámenes prometidos. Necesita leyes que se apliquen, y legisladores que asuman el costo político de hacerlas cumplir. Lo demás —comisiones, reuniones, declaraciones— es, simplemente, otro simulacro legislativo.