Nueva Ley General de Aguas es uno de los temas más sentidos para el Congreso
Por Félix Muñiz
En medio de la controversia generada por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rechazar la prórroga solicitada por el Congreso de la Unión para expedir una nueva Ley General de Aguas, la Presidenta de la Comisión Permanente, Ana Lilia Rivera Rivera, brindó una declaración que resuena en el ámbito político mexicano.
La senadora de Morena por el Estado de Tlaxcala Ana Lilia Rivera destacó la importancia de respetar las facultades constitucionales de cada poder del Estado mexicano, enfatizando la necesidad de mantener un equilibrio entre ellos.
Sin embargo, hizo hincapié en la urgencia de revisar la reforma que privatizó el agua en México, una medida que ha generado inquietud y descontento en la sociedad.
Desde el inicio de su gestión en las cámaras, tanto de Diputados como de Senadores, se ha trabajado arduamente en la búsqueda de consensos para una nueva legislación sobre el agua.
Se llevaron a cabo foros de Parlamento Abierto y reuniones públicas en diversos estados de la República, con la participación activa de especialistas y la sociedad en general. A pesar de estos esfuerzos, aún persisten discrepancias que impiden alcanzar un acuerdo satisfactorio.
La senadora Rivera Rivera subrayó la necesidad de comprender que los tiempos del Estado son también tiempos políticos, sujetos al avance de los consensos entre los Grupos Parlamentarios.
En este sentido, es fundamental reconocer la sensibilidad y la importancia nacional del tema del agua, cuya privatización ha afectado los intereses de la población mexicana.
La privatización del agua en México ha sido motivo de protestas y movilizaciones ciudadanas, que denuncian los riesgos que representa para el acceso equitativo y sostenible a este recurso vital. La concentración del control del agua en manos de unas pocas empresas privadas o particulares ha generado preocupación por posibles abusos y discriminación en su distribución.
Ante este panorama, es imperativo que las autoridades atiendan el llamado del pueblo mexicano y reconsideren la reforma que permitió la privatización del agua. La sociedad demanda una legislación que garantice la gestión pública y democrática de este recurso, en línea con los principios de justicia social y equidad.
En este contexto, es necesario que el Congreso de la Unión y las demás instancias gubernamentales actúen con responsabilidad y sensibilidad frente a una problemática que afecta a toda la nación. Es el momento de priorizar el interés público sobre los intereses privados y corporativos, y de trabajar en conjunto para revertir una medida que ha generado divisiones y conflictos en la sociedad mexicana.
En conclusión, la lucha por el agua en México es una batalla que trasciende los límites políticos y partidistas, y que requiere del compromiso y la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Es hora de unir fuerzas en la búsqueda de soluciones que garanticen el derecho de todas y todos los mexicanos a un acceso seguro y equitativo al agua, preservando así nuestro patrimonio natural para las generaciones futuras.