“El campo ya no aguanta más decisiones equivocadas”, de quienes no han puesto un pie en las zonas agrícolas que mantienen a flote la economía regional y nacional
Por Félix Muñiz
La aprobación de la Ley General de Aguas en el Senado detonó una de las críticas más duras desde la oposición.
El senador del PAN Juan Antonio Martín del Campo denunció que esta nueva legislación no solo representa un retroceso institucional, sino un ataque frontal contra los derechos históricos que han permitido a miles de familias sostener sus actividades por generaciones.
Para el legislador panista por el Estado de Aguascalientes Antonio Martin del Campo, la ley es un golpe político que centraliza decisiones, debilita a los estados y abre la puerta a limitar o incluso retirar derechos adquiridos, amenazando directamente la estabilidad del campo mexicano.
Durante su intervención en el Pleno, Martín del Campo advirtió que el gobierno federal insiste en legislar desde el escritorio de la Ciudad de México, desconociendo, o ignorando deliberadamente la realidad del país: la sequía permanente, los pozos al límite y la precariedad en la que sobreviven los agricultores. “El campo ya no aguanta más decisiones equivocadas”, reclamó, al señalar que quienes impulsan esta reforma no han puesto un pie en las zonas agrícolas que mantienen a flote la economía regional y nacional.
A pesar de las modificaciones hechas en la Cámara de Diputados, el senador panista afirmó que “los cambios no fueron suficientes”. El corazón del problema sigue intacto: centralización absoluta, incertidumbre jurídica, criminalización del campo y una evidente amenaza a los derechos de quienes dependen del agua para producir. Para Martín del Campo, aprobar una reforma de esta magnitud sin escuchar a los productores, municipios, expertos académicos y sectores productivos constituye una falta de respeto y una irresponsabilidad legislativa.
Criticó que el discurso oficial pretenda combatir a los “acaparadores del agua” mientras, en la práctica, castiga a los agricultores y a las familias que han trabajado la tierra por generaciones. La situación, señaló, se agrava porque el gobierno recortó el programa concurrente agrícola, redujo apoyos al aseguramiento agropecuario y disminuyó la inversión en infraestructura hídrica. “Cualquier productor sabe que sin agua no hay producción”, enfatizó.
Los efectos de estas malas decisiones ya se sienten. Durante las recientes protestas del sector agrícola, México perdió aproximadamente 890 millones de dólares, una cifra que —denunció Martín del Campo— no es casualidad, sino la consecuencia directa de la falta de diálogo, de la ausencia de planeación y del desinterés por escuchar a quienes trabajan la tierra todos los días.
El senador afirmó que los productores no piden privilegios: exigen seguridad jurídica, reglas claras, participación real y el fin de la criminalización. Enfatizó que el gobierno debe cumplir con su responsabilidad básica: infraestructura, energía, créditos y un servicio hídrico eficiente.
Desde el PAN, anunció una ruta clara: defender los títulos y transmisiones de derechos, fijar reglas técnicas no discrecionales, fortalecer a municipios y operadores, crear un Fondo Nacional para modernizar redes municipales, garantizar financiamiento multianual para plantas de tratamiento, impulsar la tecnificación de riego y asegurar transparencia total del Registro Nacional del Agua.
“Defender el agua es defender la soberanía alimentaria”, remató Martín del Campo, al advertir que sin certeza jurídica, sin participación local y sin respeto a los derechos adquiridos, no hay manera de construir un sistema hídrico moderno ni justo.
El mensaje final fue contundente: “Vamos a defender a los productores de todo México, porque sin campo no hay país y sin productores no hay futuro.”