La pausa legislativa del gobierno de la 4T, para dictaminar la Reforma a la Desaparición Forzada bajo presión internacional, refleja una gestión reactiva que perpetúa la opacidad
Por Félix Muñiz
La reciente decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de activar su mecanismo más severo contra México debido a las desapariciones forzadas generalizadas ha sido calificada por el coordinador de los senadores del PRI Manuel Añorve Baños, como la “evidencia más clara y rotunda del fracaso sistémico” de un gobierno federal incapaz de abordar una de las crisis de derechos humanos más graves en la historia reciente del país.
El senador del PRI por el Estado de Guerrero Manuel Añorve señaló que la ONU, al aplicar el artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada, está subrayando el fracaso del gobierno mexicano que, a pesar de contar con herramientas jurídicas y las recomendaciones del Comité de Desapariciones Forzadas (CED) desde 2021, ha optado por la simulación en lugar de implementar acciones concretas.
El legislador priista dijo que esta intervención internacional refleja la incapacidad del gobierno de Morena para resolver el problema de las desapariciones forzadas, que afecta a miles de familias mexicanas y sigue sin encontrar respuestas adecuadas.
“La decisión de la ONU no es más que un reflejo de la inacción del gobierno, que, pese a las herramientas y recomendaciones a su disposición, ha seguido priorizando la simulación sobre medidas reales”, afirmó Añorve. Para el exsenador, la reciente pausa legislativa del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) después de la presentación de su iniciativa, bajo presión internacional, es otro indicio de una gestión reactiva que perpetúa la opacidad y la falta de rendición de cuentas.
En México, con más de 110,000 desapariciones registradas hasta la fecha, solo un 0.8% de los casos fueron identificados en 2024, lo que deja al 98% de las desapariciones sin resolver y con un nivel alarmante de impunidad. A pesar de la magnitud de la crisis, el gobierno sigue insistiendo en narrativas de progreso mientras la realidad muestra un panorama completamente diferente. Añorve criticó duramente las políticas del gobierno que, en lugar de garantizar justicia para las víctimas y sus familias, han puesto obstáculos a la búsqueda de los desaparecidos y han generado más complicidad con actores criminales.
El político guerrerense Añorve Baños también destacó la contradicción en el discurso del gobierno mexicano, que acusa de “campañas de desprestigio” cualquier crítica en su contra, mientras las evidencias documentadas exponen la gravedad de la situación.
Según los informes, el 47% de las desapariciones involucran a agentes estatales y el 35% de los familiares de las víctimas sufren hostigamiento y amenazas por parte de las autoridades. Además, la centralización burocrática de las búsquedas ha impedido una cooperación efectiva entre los distintos niveles de gobierno y organizaciones civiles.
Para político priista, comentó que el artículo 34 de la ONU no solo pone en evidencia la incapacidad del gobierno para transformar las estructuras coludidas con la violencia, sino que también resalta el fracaso en la implementación de medidas que realmente enfrenten la crisis humanitaria. En su opinión, las respuestas cosméticas del gobierno solo han agravado la situación, contribuyendo a que cada día más personas sean víctimas de desapariciones forzadas sin recibir justicia.
Entre los elementos que Añorve considera críticos en la gestión del gobierno federal se encuentran la persistencia de un patrón sistemático de desapariciones sin respuesta efectiva, la subordinación de las búsquedas a prioridades políticas, la complicidad con actores criminales, el abandono de las víctimas y la contradicción con los compromisos internacionales asumidos por el país.
La activación de este mecanismo por parte de la ONU, debería ser un llamado de atención para el gobierno mexicano, que debe asumir su responsabilidad y tomar medidas serias para frenar las desapariciones forzadas y garantizar la justicia para las víctimas.
Sin embargo, mientras persista la falta de acción y el encubrimiento de las realidades documentadas, el país continuará enfrentando un aislamiento creciente en la comunidad internacional.