Sin presupuesto ni visión de Estado, la innovación seguirá siendo una promesa incumplida
Por Félix Muñiz
La discusión sobre la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial reabre un debate de fondo: ¿puede México aspirar a convertirse en una economía basada en la innovación sin fortalecer realmente sus instituciones y su inversión en ciencia y tecnología? Para la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, la respuesta es clara: el dictamen representa un avance necesario, pero llega tarde y es insuficiente frente al profundo rezago que enfrenta el país.
Durante el posicionamiento de su grupo parlamentario, la legisladora del PAN por Aguascalientes Ma de Jesús Díaz reconoció que fortalecer el sistema de propiedad industrial es un paso en la dirección correcta.
Sin embargo, advirtió que agilizar trámites sin atender los problemas estructurales equivale a construir sobre cimientos débiles. Por ello, anunció que votarán a favor en lo general, pero presentarán reservas para garantizar el fortalecimiento presupuestal y operativo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), pieza clave en la protección de patentes y desarrollos tecnológicos.
El diagnóstico es preocupante. De acuerdo con el índice global de innovación, México ocupa el lugar 56 a nivel mundial, muy por debajo de economías que han entendido que la ciencia y la tecnología son la base del crecimiento sostenible. Más revelador aún es el dato sobre patentes: entre 2018 y 2024 se otorgaron más de 66 mil en el país, pero más del 94% pertenecen a titulares extranjeros. Apenas el 5.5% corresponde a inventores mexicanos.
Estas cifras no solo evidencian un bajo dinamismo nacional en investigación aplicada, sino también una dependencia estructural del conocimiento generado en el extranjero. México compra tecnología en lugar de producirla, importa soluciones en vez de desarrollarlas y, en consecuencia, limita su competitividad global.
El problema no radica únicamente en la ley, sino en la falta de inversión sostenida. Mientras los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destinan en promedio 2.9% de su PIB a investigación y desarrollo, México apenas asigna alrededor del 0.26% del presupuesto federal a este rubro. La brecha es abismal y revela la ausencia de una política de Estado que coloque a la innovación como prioridad estratégica.
El dictamen incorpora figuras relevantes, como la solicitud provisional de patente, plazos más claros para que el IMPI resuelva trámites y una mayor vinculación entre instituciones públicas, centros de investigación y el sector productivo para la transferencia tecnológica. Son ajustes positivos que modernizan el marco normativo y pueden reducir tiempos administrativos.
No obstante, como advirtió Díaz Marmolejo, ninguna reforma administrativa será suficiente si no se acompaña de recursos. El IMPI enfrenta cargas crecientes de trabajo sin un presupuesto acorde a sus responsabilidades. Sin personal capacitado, digitalización robusta y autonomía técnica fortalecida, la ley corre el riesgo de convertirse en letra muerta.
La crítica, en este sentido, es propositiva: México necesita reglas claras, instituciones eficientes y certeza jurídica para quienes investigan, emprenden y desarrollan tecnología. Pero también requiere una visión de largo plazo que vincule educación, industria e innovación.
La reforma a la propiedad industrial puede ser un punto de partida, pero no el destino. Sin inversión real y compromiso político sostenido, el país seguirá atrapado en un modelo dependiente. La innovación no se decreta: se construye con presupuesto, estrategia y voluntad de Estado.