La situación es aún más alarmante al considerar que el proceso legislativo que condujo a esta reforma estuvo marcado por un “desaseo” evidente
Por Félix Muñiz
La reciente reforma al Poder Judicial, impulsada por el partido Morena, se encuentra en una situación crítica y vulnerable.
El presidente nacional del PAN Marko Cortés, ha subrayado que esta reforma podría ser echada atrás por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que representa una amenaza directa al Estado de Derecho en México.
En un contexto donde el respeto a la división de poderes es fundamental para la democracia, la implementación de esta reforma, realizada bajo un proceso legislativo cuestionable, despierta serias preocupaciones.
El legislador panista Marko Cortés señalo que el uso de una tómbola para elegir a jueces y magistrados es inaceptable. “No se puede hacer un proceso electivo serio de jueces y magistrados mediante tómbola”, enfatizó, argumentando que la legitimidad de un proceso electoral se basa en la transparencia y en el respeto a las normas. Este tipo de medidas, que parecen más un juego de azar que un ejercicio democrático, ponen en jaque la imparcialidad del Poder Judicial.
A esto se suman los múltiples amparos con suspensiones definitivas que han sido interpuestos en contra de la reforma. Entre estos, destaca la controversia constitucional presentada por el Gobierno de Guanajuato y diversos ayuntamientos panistas. Cortés también mencionó una acción de inconstitucionalidad que su partido ha presentado ante la SCJN, donde se impugnan las violaciones al proceso legislativo. “Se vulneran los derechos y garantías individuales, así como los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, alertó.
La situación es aún más alarmante al considerar que el proceso legislativo que condujo a esta reforma estuvo marcado por un “desaseo” evidente. Cortés criticó la falta de identificación veraz de quienes participaron en las votaciones, así como la ilegalidad en la instalación de órganos en el Senado. Esta falta de transparencia y de diálogo efectivo con el Poder Judicial, tanto a nivel federal como local, es indicativa de un autoritarismo creciente que podría tener repercusiones devastadoras para el país.
La pregunta que lanza Cortés a Morena y a la presidenta Claudia Sheinbaum es inquietante: “Si la Corte tumba la reforma, ¿van a aceptar o la van a imponer a la fuerza?”. Esta interrogante no es solo retórica; plantea un escenario en el que el gobierno podría ignorar una decisión de la SCJN, lo que tendría consecuencias catastróficas para el orden constitucional y podría desencadenar una crisis institucional sin precedentes.
El riesgo de que el gobierno desconozca al Poder Judicial es alarmante. Ya se han visto indicios de esta tendencia, como el desdén hacia las demandas de los trabajadores y la falta de atención a sus propuestas. “Lo peor que le puede pasar a México es que el gobierno desconozca al Poder Judicial”, advirtió Cortés, enfatizando que esta acción no solo afecta a los jueces, sino a la democracia misma.
La falta de un proceso electivo limpio y la opacidad con la que se ha manejado esta reforma no solo erosionan la confianza en las instituciones, sino que también amenazan la estabilidad política del país. La percepción de un choque de poderes podría llevar a una crisis de gobernabilidad que afecte a todos los mexicanos.
En este contexto, es esencial que se respete el Estado de Derecho y se garantice la independencia del Poder Judicial para salvaguardar la democracia en México. La SCJN tiene la palabra, y su decisión podría marcar un hito en la historia reciente del país.