Reiteramos que la llamada reforma judicial no solo fue una aberración constitucional que vulnera la división de poderes, sino una afrenta directa al Estado de Derecho
Por Félix Muñiz
El PRI endureció su postura frente a la reforma judicial impulsada por Morena y anunció que no acompañará ninguna modificación a un proyecto que, afirma, nació viciado de origen y cuyo objetivo central fue someter al Poder Judicial al control del poder político.
La dirigencia nacional dejó en claro que su rechazo es total, categórico y definitivo, cerrando la puerta a cualquier intento de “corrección” o ajuste legislativo.
Desde el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional se reiteró que la llamada reforma al Poder Judicial representa una aberración constitucional que vulnera la división de poderes y constituye una afrenta directa al Estado de Derecho.
Legisladoras y legisladores priistas sostienen que la iniciativa, desde su presentación, evidenció un trasfondo político orientado a debilitar la autonomía judicial y concentrar el poder en el Ejecutivo.
En su posicionamiento, el PRI acusó al gobierno de Morena de impulsar una reforma judicial con tintes autoritarios, diseñada no para fortalecer la justicia, sino para controlarla.
Para el partido tricolor, la propuesta no incluyó mecanismos reales para combatir la corrupción dentro de los tribunales ni planteó mejoras técnicas que elevaran la calidad del sistema judicial; por el contrario, abrió la puerta a la captura institucional de uno de los últimos contrapesos democráticos.
“La reforma judicial no se corrige, no se ajusta y no se mejora: debe desecharse y enviarse al basurero de la historia”, subraya el documento difundido por la dirigencia priista. Para el PRI, aceptar modificaciones sería validar una simulación y participar en un falso debate cuyo único propósito sería legitimar un atropello institucional.
La crítica se centra en que la reforma al Poder Judicial fue concebida —según el PRI— desde una lógica de concentración de poder. En lugar de robustecer la independencia de jueces y magistrados, habría establecido condiciones para someter decisiones jurisdiccionales a intereses políticos. “Atacar al Poder Judicial es atacar a la democracia”, advierten, al considerar que sin tribunales autónomos no puede existir certeza jurídica para las familias ni estabilidad para la inversión y el desarrollo económico.
El PRI también sostiene que la reforma judicial promovida por Morena responde a una estrategia más amplia de debilitamiento institucional. En ese sentido, acusa que el oficialismo ha optado por el autoritarismo, la confrontación y la descalificación sistemática de organismos autónomos y contrapesos constitucionales.
En un tono de crítica severa, la dirigencia priista aseguró que México atraviesa un momento histórico en el que no hay espacio para posturas ambiguas. “O se está del lado de la democracia o se está del lado del autoritarismo”, enfatiza el posicionamiento, al tiempo que reafirma su compromiso de combatir políticamente la reforma judicial por la vía constitucional.
El rechazo del PRI a cualquier modificación a la reforma judicial marca un endurecimiento en el debate público y anticipa una confrontación legislativa de alto calibre. Mientras Morena defiende la iniciativa como un cambio estructural necesario, la oposición la califica como un intento deliberado de capturar al Poder Judicial y someterlo al poder político.
Así, el PRI insiste en que México necesita un Poder Judicial sólido, independiente y profesional, no jueces sometidos ni tribunales debilitados. En este escenario, el partido tricolor asegura que seguirá del lado “correcto de la historia”, defendiendo —según su narrativa— la división de poderes, la legalidad y el equilibrio democrático frente a lo que considera un proyecto autoritario.