La mayoría aplastante de Morena, PT y PVEM deja una oportunidad perdida para la justicia
Por Félix Muñiz
Este jueves, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados decidió no admitir a trámite la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena y exfutbolista de renombre.
A pesar de la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él, el comité conformado por los diputados Hugo Eric Flores y Adriana Belinda Quiroz, de Morena, así como Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde, votó en bloque en contra de iniciar el proceso, dejando a Germán Martínez del PAN como la única voz discrepante, quien votó a favor de continuar con el trámite.
El rechazo a la solicitud de desafuero, que fue presentada en virtud de diversas denuncias por presuntos actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado, deja una sensación de impunidad que no es nueva en el contexto político mexicano.
Esta decisión refleja no solo una falta de compromiso con la rendición de cuentas, sino una muestra clara de cómo los intereses partidistas y personales continúan prevaleciendo sobre el bienestar de la ciudadanía y la justicia.
Germán Martínez, quien no dudó en expresar su desacuerdo al término de la reunión, aseguró: “Yo fui derrotado en admitir el asunto, el día de hoy. Yo no me presto a impunidades, vengo aquí no a culpabilizar a nadie, pero sí a revisar completamente los expedientes sin andar arrastrando los pies”. Con estas palabras, el panista dejó claro que la Sección Instructora no está dispuesta a cumplir con su rol fundamental: investigar a fondo y sin sesgos a quienes ocupan puestos de poder en el país, independientemente de su filiación política.
El comportamiento de los diputados oficialistas Hugo Eric Flores, Adriana Belinda Quiroz y Raúl Bolaños-Cacho Cué deja mucho que desear. Si bien es cierto que la presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho, en este caso, las evidencias presentadas en la solicitud de desafuero parecen ser lo suficientemente serias como para que el proceso avance y se realice una investigación transparente. Sin embargo, la negativa a admitir el trámite no hace más que fortalecer la idea de que el poder político se ha convertido en un refugio para la impunidad, en lugar de un espacio para el servicio público y el respeto a la ley.
Este episodio refleja la constante desconfianza que los ciudadanos tienen sobre el sistema judicial y político en México. La clase política, sin importar el color de su partido, sigue mostrando una actitud protectora hacia aquellos que se benefician del poder a costa de la transparencia y la justicia. ¿Qué tan grave debe ser la acusación para que las instituciones hagan su trabajo sin temor a las repercusiones políticas?
Es crucial que se reconsidere esta decisión, y que la Sección Instructora no solo se guíe por la lealtad partidista, sino por el deber de impartir justicia, algo que no solo el pueblo mexicano necesita, sino que también merecemos como sociedad. Al final, el caso de Cuauhtémoc Blanco es solo una muestra más de cómo la impunidad sigue siendo un cáncer que corroe el sistema político del país.
El desafío está en manos de la ciudadanía, quienes deben exigir que se acabe con este tipo de prácticas y que los funcionarios públicos rindan cuentas por sus actos. La impunidad no debe seguir siendo la norma en la política mexicana.