Anuncia que presentará la iniciativa para la no prescripción de este delito a nivel nacional, como ya ocurrió en Querétaro
Por Félix Muñiz
En un mundo que avanza con rapidez, existe una lacra que persiste en las sombras, dejando cicatrices profundas en los más vulnerables: los niños. La violencia sexual infantil es una problemática que no solo destruye la inocencia de las víctimas, sino que también marca el futuro de quienes logran sobrevivirla.
Tal como lo subrayó el senador del PAN Agustín Dorantes Lámbarri, quien dijo que el dolor causado por este delito no tiene fecha de caducidad, y lo que es aún más alarmante, es que en muchos casos, la búsqueda de justicia tampoco debería tenerla.
En conferencia de prensa y acompañado de Fernanda Lazo de la organización Corazones Mágicos, el legislador panista Agustin Dorantes, presentó una serie de iniciativas y propuestas que buscan erradicar la impunidad que aún persiste en los casos de abuso sexual infantil. Entre ellas destaca la exigencia de la no prescripción de este delito, un avance fundamental que debe extenderse a nivel nacional, como ya ocurrió en Querétaro.
El abuso sexual infantil es una violencia que no solo deja huellas físicas, sino también psicológicas, algunas de las cuales son invisibles y perduran toda la vida. El dolor no desaparece con el tiempo; por el contrario, las secuelas afectan el desarrollo de las víctimas y, en muchos casos, arrastran consigo su bienestar emocional, social e incluso físico.
La cifra proporcionada por UNICEF, que señala que cerca de 650 millones de niñas y mujeres en el mundo han sido víctimas de violencia sexual en su infancia, revela la magnitud del problema.
A pesar de esta realidad global, en México la lucha por la justicia enfrenta serias barreras legales. Aunque algunos avances han sido hechos, como la reforma que eliminó la prescripción del delito de abuso sexual infantil en el fuero federal, aún existen estados que permiten que los agresores se liberen de su responsabilidad debido a los plazos legales para presentar denuncias. Este desfase entre la legislación y las realidades que enfrentan las víctimas plantea un peligro inminente de perpetuar los abusos.
El senador Dorantes Lámbarri, recordó en Querétaro se logró una modificación legislativa que extendió el plazo para que las víctimas pudieran presentar denuncias. Sin embargo, aún existen importantes brechas.
La impunidad que deriva de la prescripción de estos delitos genera un ciclo donde el agresor queda libre, mientras las víctimas enfrentan un sistema judicial que no les permite obtener justicia a tiempo. Esta situación no solo perpetúa el sufrimiento, sino que también contribuye a la repetición de estos crímenes, afectando a más niños y niñas.
Además, como bien señaló Dorantes Lámbarri, los delitos sexuales muchas veces ocurren en un contexto de confianza, lo que hace aún más complejo el proceso de denuncia.
El abuso puede ser perpetrado por familiares cercanos, amigos de la familia o personas con autoridad sobre la víctima, lo que dificulta la identificación temprana de la agresión y el acceso inmediato a la justicia. Las víctimas, a menudo, sufren una doble victimización: la de los hechos ocurridos y la del proceso judicial que les exige superar traumas de manera inmediata, lo que no siempre es posible.
Por todo esto, es urgente que el sistema judicial mexicano adopte una postura firme en cuanto a la no prescripción de los delitos de abuso sexual infantil. La justicia no debe tener fecha de caducidad, y tampoco el dolor de las víctimas debe ser sometido a plazos arbitrarios. Es necesario que todos los estados del país ajusten sus marcos legales para erradicar la impunidad y proporcionar un verdadero acceso a la justicia para quienes han sido víctimas de esta violencia.
En este contexto, la labor de organizaciones civiles como Corazones Mágicos, encabezada por Fernanda Lazo, es indispensable. Su trabajo de sensibilización, prevención y acompañamiento a las víctimas ha sido clave para visibilizar esta problemática y ofrecer un apoyo crucial a quienes han sufrido este tipo de abuso.
Pero el esfuerzo de la sociedad civil, aunque valioso, no es suficiente. Es imprescindible que las autoridades, tanto locales como federales, tomen medidas concretas y efectivas para garantizar que el sufrimiento de las víctimas se traduzca en justicia real.
En este sentido, las propuestas de Dorantes Lámbarri, que incluyen penas más severas para los agresores y la creación de un registro de agresores sexuales, son pasos necesarios para crear un entorno más seguro para los niños y niñas del país. Solo a través de un enfoque integral que combine cambios legislativos, medidas preventivas y apoyo especializado a las víctimas, será posible romper el ciclo de abuso y permitir que las nuevas generaciones crezcan en un ambiente de seguridad y respeto.