PAN y PRI impulsan comisiones e investigaciones ante señalamientos del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre lavado de dinero vinculado al narcotráfico
Por Félix Muñiz
En un contexto de creciente preocupación internacional por la infiltración del narcotráfico en el sistema financiero mexicano, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han solicitado acciones contundentes para investigar a la empresa Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La firma fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero y tráfico de precursores químicos para la elaboración de fentanilo.
La petición más reciente, encabezada por el senador panista Marko Cortés, busca la creación de una Comisión Especial Investigadora por Narcolavado en el Senado, con el fin de esclarecer las transacciones sospechosas que conforme al informe de FinCEN del 25 de junio involucran a Vector, así como a CIBanco e Intercam Banco.
El documento detalla que entre 2018 y 2023, Vector procesó más de 17 millones de dólares en transferencias sospechosas a empresas chinas relacionadas con el comercio encubierto de químicos utilizados en la fabricación de opioides sintéticos.
La gravedad del informe radica no sólo en las cifras, sino en el señalamiento directo de que estas actividades ocurrieron bajo el conocimiento de autoridades mexicanas, sin que se iniciaran investigaciones o sanciones.
Legisladores del PRI, como Alejandro Moreno, Manuel Añorve y Carolina Viggiano, también presentaron una solicitud formal ante la Comisión Permanente para que comparezcan los titulares de la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“No se trata de linchar sin pruebas ni de encubrir posibles irregularidades”, aseguraron. “Se trata de proteger el interés nacional y actuar con responsabilidad institucional”.
Las críticas no se han hecho esperar. Los legisladores acusaron omisión y negligencia por parte del gobierno federal y sugirieron un posible encubrimiento, dada la estrecha relación entre Romo y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Además, cuestionaron el silencio de la presidenta Claudia Sheinbaum ante los señalamientos de Estados Unidos, interpretándolo como falta de voluntad política para enfrentar el problema.
En términos económicos, los legisladores advirtieron que esta situación puede derivar en una fuga de capitales, desconfianza de inversionistas extranjeros y un debilitamiento del sistema financiero nacional, si no se actúa con la transparencia y firmeza necesarias.
Este caso exige una respuesta institucional clara y contundente. No basta con deslindarse públicamente: se requiere abrir investigaciones, rendir cuentas y aplicar sanciones si se confirman responsabilidades. Más allá del daño reputacional, está en juego la credibilidad del sistema financiero mexicano y su capacidad para resistir la infiltración del crimen organizado.
Si el gobierno quiere enviar un mensaje claro contra la impunidad, este es el momento de demostrarlo. De lo contrario, el narcolavado seguirá operando en la sombra, al amparo del silencio y la inacción.