El senador de Morena Javier Corral con la mano en la cintura aseguro que con eliminar el transitorio se zanjaba el error técnico
Por Félix Muñiz
La reciente aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado de la República ha encendido las alarmas en distintos sectores políticos, jurídicos y sociales.
A pesar de que los legisladores de Morena aseguran que se trata de un avance hacia la modernización y digitalización de los procesos judiciales, lo cierto es que la iniciativa continúa socavando pilares fundamentales del acceso a la justicia en México, dejando a los ciudadanos más vulnerables frente a los actos de autoridad.
Uno de los puntos más polémicos fue la inclusión (y posterior eliminación) de un artículo transitorio que planteaba la aplicación retroactiva de la reforma, una clara violación al principio de irretroactividad consagrado en la Constitución. Aunque se insiste en que se trató de un “error técnico”, lo cierto es que la minuta circuló con dicho transitorio hasta que fue “corregido” en comisiones. ¿Error administrativo o ensayo político para medir reacciones?
El Presidente de la Comision de Justicai Javier Corral Jurado con la mano en la sintura aseguro que con eliminar el articulo transitorio de la retroactiviadad de la Ley de Amparo se zanjaba el error tecnico.
Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, se limitó a justificar el proceso como una “decisión colectiva” y negó cualquier intención de violentar la Constitución. Sin embargo, las contradicciones entre senadores de Morena y la defensa tibia del procedimiento solo alimentan la percepción de un manejo opaco y negligente en una reforma que afecta directamente los derechos ciudadanos.
Mientras el senador Enrique Inzunza intenta convencer al país de que todo fue un malentendido subsanado a tiempo, la oposición no baja la guardia.
El coordinador de los senadores del PAN Ricardo Anaya Cortes, fue enfático: “Aunque se elimine el artículo transitorio, la reforma sigue dejando a los ciudadanos sin escudo frente a los abusos de autoridad”.
Y tiene razón. El texto aprobado limita el interés legítimo, restringe suspensiones de amparo y condiciona la protección judicial a vagos conceptos de interés público o social.
No se trata solo de un artículo, sino de una intención sistemática de debilitar uno de los instrumentos más importantes de defensa ciudadana en el país. La Ley de Amparo ha sido históricamente el último recurso frente a abusos, omisiones e imposiciones del poder, y esta reforma parece diseñada para neutralizarla.
La senadora del PRI Claudia Anaya, alertó que esta reforma no solo afecta la esfera de los derechos humanos, sino que también ahuyenta la inversión extranjera al generar incertidumbre jurídica: “Si no quieren ver el daño estructural que le están generando a México, seguiremos teniendo más problemas económicos”.
Y mientras desde Morena se asegura que “la reforma protege a los ciudadanos” y “evita la evasión fiscal mediante amparos múltiples”, lo cierto es que el discurso suena más a propaganda que a una defensa legal seria. Manuel Huerta, impulsor de la polémica reserva, incluso descartó intenciones de emboscar a la presidenta del Senado, pero sus respuestas evasivas y triunfalistas solo ahondan en la sospecha.
La minuta ya está en manos de la Cámara de Diputados, pero el daño ya está hecho. La sola inclusión del artículo transitorio fue un acto grave que pone en duda el compromiso del Senado con la legalidad y los derechos humanos. Su eliminación no es una victoria; es apenas el retiro de una bomba que nunca debió ser colocada.
Mientras tanto, la ciudadanía queda expuesta, sin un escudo firme, ante el avance de un poder que busca recortar cada vez más los márgenes de defensa legal del pueblo mexicano.