Morena va por los ahorros de todos los trabajadores que no utilicen su recurso para vivienda: Gina Campuzano
Por Félix Muñiz
La reciente reforma a la Ley del Infonavit, impulsada por el grupo parlamentario de Morena, ha desatado una fuerte polémica en el seno del Senado de la República.
Para la bancada del PAN en el Senado esta modificación constituye una amenaza a los derechos de los trabajadores mexicanos, especialmente en lo que respecta al uso de sus recursos para la vivienda y un golpe directo al principio de tripartismo que ha sido clave en el acceso a la vivienda económica para los trabajadores en el país.
La senadora del PAN Gina Campuzano González, ha sido una de las principales voces críticas de la reforma, señalando que, con la nueva legislación, Morena busca apoderarse de los ahorros de los trabajadores que no utilicen su recurso en la adquisición de vivienda.
Campuzano González instó a la sociedad a no permitir que se vulneren estos derechos y a manifestarse en contra de una reforma que, según ella, no ha sido consultada con los trabajadores, empleadores y el gobierno, quienes históricamente han sido parte del proceso de toma de decisiones en el Infonavit.
El foco de la crítica radica en la reconfiguración del modelo de gobernanza del Infonavit. La reforma establece que el director general de esta institución ya no será designado por la Asamblea, sino directamente por la presidenta de la República, un cambio que, según los legisladores del PAN, otorga al gobierno federal un control absoluto sobre las decisiones del instituto.
Gina Campuzano denunció que la nueva legislación desmantela los mecanismos de supervisión y transparencia, como la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría y el Comité de Transparencia, a los cuales se les otorga menos poder de acción.
Este desplazamiento de los comités de control y auditoría, y el centralismo en la designación del director general, preocupa a los senadores del PAN, quienes temen que el gobierno central pueda utilizar los recursos del Infonavit con fines ajenos a su propósito original. “La Dirección General tendrá el derecho de veto, lo que significa que cualquier intento de fiscalización o revisión se vería desarticulado”, lamentó la senadora Campuzano.
Por su parte, el senador Gustavo Sánchez Vásquez subrayó el contexto financiero en el que se presenta esta reforma, alertando sobre la posibilidad de que el gobierno, enfrentado a una grave crisis económica y un endeudamiento público de 8 billones de pesos durante la administración pasada, vea en los recursos del Infonavit una “bolsa atractiva” para cubrir el déficit fiscal. “Estamos en contra porque estamos vigilando que el dinero de los trabajadores sea para ellos, para la compra, remodelación o ampliación de sus viviendas, no para que el gobierno pueda darle otro giro a esos recursos”, indicó el legislador.
A lo largo de la discusión, Acción Nacional ha reiterado su postura de apoyo a la construcción de más de dos millones de viviendas para las familias más necesitadas, pero con un enfoque que respete los derechos de los trabajadores y no ponga en riesgo sus ahorros. Según el PAN, el artículo 123 constitucional, que establece el acceso a viviendas económicas bajo el esquema tripartito, ha sido ignorado en esta reforma.
Con estas reformas, el gobierno federal obtendría mayor control sobre los fondos y decisiones del Infonavit, lo que, según los críticos, podría poner en riesgo los recursos destinados a las viviendas de los trabajadores. La propuesta sigue siendo una de las más debatidas en el Senado, y su impacto podría redefinir el modelo de vivienda social en México para los próximos años.
Los senadores panistas consideran que la reforma a la Ley del Infonavit representa una vulneración directa a los derechos de los trabajadores, al cambiar de forma sustancial los mecanismos de gobernanza y al permitir que los recursos destinados a la vivienda puedan ser utilizados para fines que no necesariamente benefician a los trabajadores, sino que podrían quedar bajo el control exclusivo del gobierno.