Dejar constancia del buen desempeño en la encomienda de control y fiscalización de la función gubernamental, así como en la aprobación de leyes y decretos
Por Félix Muñiz
La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, dijo que en las próximas sesiones de la LXV Legislatura el debate deberá ser amplio, exhaustivo, para escucharnos unos a otros en los consensos y los disensos, pero siempre con responsabilidad; que imperen los argumentos, con el alto objetivo de ver por la República.
A propósito del inicio del segundo periodo de sesiones del tercer año de ejercicio de esta Legislatura, Guerra Castillo llamó a las y los diputados a dejar constancia del buen desempeño en la encomienda de control y fiscalización de la función gubernamental, así como en la aprobación de leyes y decretos.
De la misma forma, señaló que la Cámara de Diputados está lista para recibir el paquete de iniciativas que enviará el Ejecutivo; los grupos parlamentarios deberán deliberar, analizarlas y discutirlas para aprobar o no, en el Pleno.
La presidenta de la Cámara de Diputados adelantó que el mecanismo para garantizar un debate de altura en el análisis de las iniciativas será el Reglamento de esta Soberanía.
“Estaremos atentas y atentos a recibir las iniciativas de ley que envíe el Ejecutivo para turnar a las comisiones legislativas que correspondan.
Destacó que la pluralidad política que caracteriza a la Cámara de Diputados abre el cauce a la dinámica que tiene la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, para bien de la vida democrática de la República.
Guerra Castillo subrayó que, en el Poder Legislativo, la discusión fragosa y amplia entre las diputadas y los diputados, con los matices y carácter que adquiere, anuncia una perspectiva que enriquece a nuestra democracia deliberativa.
Señaló que dentro de las prioridades de la Cámara de Diputados están asuntos pendientes derivados de mandatos judiciales, cuyo plazo de cumplimiento vence el 30 de abril de 2024, y son urgentes porque se relacionan directamente con reformas vinculadas con derechos de las personas, en materia de secreto bancario, para que las autoridades financieras no entreguen información de ciudadanos sin autorización judicial; incorporar como tipo penal el odio racial; garantizar un debido proceso de las personas en detención en estaciones migratorias.
También modificar la Ley Nacional del Registro de Detenciones, para establecer mecanismos de protección de la información contenida en la base de datos; en materia de derechos de las audiencias, y establecer mecanismos de impugnación en el proceso de revocación de mandato.
Otro gran pendiente es la Ley General de Aguas, que reglamente el derecho humano al agua, y continuar avanzando en leyes para revertir los efectos del cambio climático.