La propuesta plantea modificar el artículo 73 de la Constitución a fin de otorgar al Congreso la competencia para expedir una legislación general en materia de extorsión
Por Félix Muñiz
En un paso significativo hacia el fortalecimiento del Estado de derecho y la seguridad pública, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que busca facultar al Congreso para legislar en materia de extorsión, un delito de alto impacto que ha registrado un crecimiento alarmante en los últimos años.
La propuesta plantea modificar el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de otorgar al Congreso la competencia para expedir una legislación general en materia de extorsión. Esta reforma busca establecer un marco normativo homogéneo que permita a las autoridades de los tres niveles de gobierno prevenir, investigar, perseguir y sancionar de manera más efectiva este delito.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo Federal reconoce que la extorsión es un fenómeno criminal que ha evolucionado y diversificado sus formas de comisión, afectando no solo a personas, sino también al sector empresarial, comercial y al funcionamiento del propio Estado. “La extorsión no es una conducta menor”, afirma el documento, y la describe como una herramienta de control económico y social utilizada por la delincuencia organizada, que incluso ha alcanzado a instituciones públicas.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2022 y enero de 2025 se registraron más de 32 mil víctimas de extorsión en el país. Solo en enero de 2025 se reportó un promedio diario de 29.77 casos, lo que representa un aumento del 57.62% respecto a 2018. Los estados más afectados son el Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León, que concentran más del 60% de las denuncias.
Uno de los principales problemas identificados por la iniciativa presidencial es la disparidad normativa entre la legislación federal y las estatales. Actualmente, el delito de extorsión está tipificado de manera distinta en cada entidad, con diferencias en definiciones, agravantes y sanciones. Por ejemplo, mientras el Código Penal Federal impone penas de dos a ocho años de prisión, en estados como Oaxaca se castiga con uno a tres años, mientras que en Chihuahua puede alcanzar hasta 30 años. Las multas también varían, desde 36 mil pesos hasta 691 mil pesos, dependiendo del estado.
Esta falta de armonización legal, según el Ejecutivo, impide una política criminal coherente y eficaz, generando vacíos legales e incentivos negativos para la persecución del delito. Por ello, la iniciativa propone una legislación general que homologue el tipo penal, establezca sanciones proporcionales y permita una mejor coordinación interinstitucional.
La propuesta se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030 y el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, que reconocen la extorsión como una de las principales amenazas a la seguridad ciudadana y la estabilidad económica.
Entre los elementos que incluiría la futura legislación general se encuentran:
- Una definición clara y amplia del delito de extorsión y sus modalidades.
- Coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales y municipales.
- Uso de inteligencia, tecnología e informática para la investigación.
- Formación especializada para cuerpos de seguridad y procuración de justicia.
- Canales seguros de denuncia y protección a víctimas, ofendidos y testigos.
- Prevención del delito desde los centros penitenciarios.
La iniciativa subraya que enfrentar la extorsión con herramientas jurídicas adecuadas no solo es un imperativo legal, sino también un deber ético del Estado. Asimismo, recuerda que organismos como el Observatorio Nacional Ciudadano han advertido desde 2022 sobre la falta de instrumentos legales para contener este delito, lo que refuerza la necesidad de una legislación general con alcance nacional.