¿Un paso necesario o una amenaza a los Derechos Humanos?
Por Félix Muñiz
En un contexto de creciente violencia y delincuencia organizada, el Senado de la República recibió una minuta proveniente de la Cámara de Diputados que propone una reforma constitucional para imponer la prisión preventiva oficiosa (PPO) a quienes cometan el delito de extorsión.
Esta modificación, que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución, busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado, pero plantea importantes cuestionamientos sobre su impacto en los derechos humanos y el debido proceso.
La propuesta establece que el juez deberá ordenar la prisión preventiva oficiosa a quienes sean detenidos por los delitos de extorsión, así como por la introducción, desvío, producción y distribución de sustancias químicas y drogas como el fentanilo, y otros delitos relacionados con la falsificación de documentos fiscales, entre otros.
Sin embargo, la reforma no incluye a los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal, lo que ha generado controversia en el seno político y entre los defensores de los derechos humanos. La medida sobre la prisión preventiva oficiosa para quienes cometan extorsión se presenta como una respuesta a la creciente ola de este tipo de delitos que azota a diversas regiones del país, en especial en áreas donde los grupos criminales han alcanzado un nivel de poder alarmante. En este sentido, la extensión de esta figura jurídica para ciertos delitos parece ser una forma de garantizar que los presuntos culpables permanezcan bajo custodia mientras enfrentan el proceso judicial.
La extorsión es un delito que afecta gravemente tanto a individuos como a empresas, y su erradicación es urgente. La reforma responde a una demanda social por mayor seguridad y castigos más severos para quienes cometen este crimen. Sin embargo, la implementación de la prisión preventiva oficiosa plantea serias preocupaciones sobre el riesgo de abusos y la presunción de inocencia. El uso de esta figura legal ha sido ampliamente cuestionado, ya que puede llevar a la detención arbitraria de personas sin pruebas suficientes de culpabilidad, violando principios fundamentales del derecho penal, como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
La prisión preventiva oficiosa ya ha sido aplicada en otros casos de delitos graves, como homicidios y secuestros, pero su expansión a delitos de extorsión podría resultar en un uso excesivo y desproporcionado de esta medida. En países con altos índices de criminalidad, la prisión preventiva se ha utilizado de manera indiscriminada, afectando a personas que, finalmente, pueden ser declaradas inocentes después de un largo proceso judicial.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que la prisión preventiva oficiosa podría ser un instrumento que violenta derechos fundamentales. En México, donde la justicia se ve empañada por la corrupción, la lentitud del sistema judicial y el desbordamiento de los tribunales, la posibilidad de que se utilice como una herramienta de control político o social es una preocupación constante. La reforma, en este sentido, no solo podría incrementar la población carcelaria, sino también agravar el problema de hacinamiento en los penales, sin resolver las causas profundas del delito.
Por otro lado, la omisión de delitos como el narcomenudeo y la defraudación fiscal de la reforma podría abrir el debate sobre las prioridades del gobierno en materia de justicia penal. ¿Por qué excluir ciertos delitos relacionados con el narcotráfico y la evasión fiscal, que también representan serios problemas en la lucha contra el crimen organizado?
La propuesta de prisión preventiva oficiosa para quienes cometen extorsión llega al Senado en un momento crítico para el país. Si bien la extorsión es un delito que no debe ser minimizado, la reforma plantea un reto sobre cómo equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos fundamentales. Mientras la sociedad exige medidas más drásticas contra los criminales, es crucial que se analice el impacto de estas reformas en el sistema de justicia y en los derechos de los acusados.
En este sentido, la implementación de la prisión preventiva oficiosa para la extorsión debe ser evaluada cuidadosamente, garantizando que no se convierta en una herramienta más para la criminalización de la pobreza o de grupos vulnerables, sino en un verdadero mecanismo para combatir la impunidad sin sacrificar las garantías individuales.