Lorenzo Córdova les pregunta a los legisladores de Morena ¿Dónde está el ahorro que se buscó con la pérdida de las capacidades institucionales que supone la desaparición de las plazas?
Por Félix Muñiz
Luego de manifestar que esperan ansiosamente que se publique el Plan B de la Reforma Política Electoral ya aprobada por ambas cámaras del Congreso, el Presidente Consejero del INE Lorenzo Córdova Vianello, dijo que ya podrán continuar con la defensa jurídica de la democracia ante las instancias correspondientes, frente a lo que ha sido, no solamente un atropello en términos políticos, la imposición por primera vez en 30 años de reglas electorales por una mayoría de manera unilateral.
Al participar en el panel inaugural ¿cómo iremos al 2024 con las nuevas reformas? El titular del INE Lorenzo Córdova, definió las modificaciones legales a Ley Electoral como una reforma que atiende a los intereses en este caso del gobierno, y no a una demanda de mejora de las reglas electorales, bajo la premisa falsa de que se quieren abaratar elecciones y, sobre la mesa colocare algunos elementos en ese sentido.
Córdova Vianello, preciso que son las violaciones a la Constitución que, por sus dimensiones y magnitud constituyen lo que yo he definido una autentica constelación de inconstitucionalidades y que trae como consecuencia una ley que pinta para ser probablemente, la ley con triste récord, de ser la ley probablemente más impugnada por sus inconstitucionalidades, ante los tribunales de la Federación, de toda la historia del derecho constitucional mexicano.
“Afortunadamente, los cinco ejes en los que descansa el sistema democrático del país están garantizados en la Constitución y por eso es de celebrarse, digo yo, que una propuesta de reforma constitucional que pretende alterar estos cinco ejes, entre otras cosas, no prosperará en diciembre pasado en la Cámara de las y los Diputados.
Y sin embargo, estos cinco ejes están en riesgo. ¿Como es posible eso con una red, con el Plan B, con una reforma legal? ¿Cómo es posible, si estos ejes están garantizados en la Constitución?
Bueno, precisamente porque los cinco ejes son afectados por una reforma legal, no pudiendo hacerlo porque están en la Constitución, lo que habla de la evidente inconstitucionalidad del Plan B, de las normas legales que lo componen.
El Plan B, es un plan, tengámoslo presente, es una conjunto de reformas a seis leyes electorales. Dos de ellas ya fueron publicadas el 27 de diciembre: la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y frente a ella ya ha habido una oleada de recursos de inconstitucionalidad, acciones y controversias que se presentaron en las últimas semanas.
Y lo que ayer aprobó, finalmente liberó para su publicación en el Senado, es la modificación a otras cuatro leyes, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y la Ley Orgánica del Poder Judicial; que todavía no ha sido publicadas, no entran en vigencia, pero apenas lo sean, serán objeto también de estas impugnaciones que desde el INE, entre otros muchos factores, hemos advertido.
No quiero hacer un ejercicio detallado, pero permítanme aprovechar la mención de estos cinco pilares, sobre los cuales se ha sustentado la funcionalidad y la integridad de nuestras elecciones y que están en la Constitución, para poder ilustrar con ejemplos concretos, como el Plan B dinamita, constituye la colocación desde el poder de cargas explosivas en cada uno de los pilares en los que se sustentan elecciones auténticas como lo mandata la Constitución.
Primer punto. Independencia y autonomía de los órganos electorales, señaló solamente algunos ejemplos. El Plan B, los legisladores destituyen con una reforma legal, hasta donde me acuerdo y mis maestros me enseñaron, las leyes deben tener un carácter general y no hacer leyes ad hominem, destituyen al actual Secretario del Instituto Nacional Electoral, cuando la propia Constitución establece que este es un nombramiento del Consejo General por ocho votos a propuesta del Presidente; es decir, la propia Constitución reserva la facultad de nombrar y, por ende, la de remover, a ese funcionario del Consejo General.
Si los legisladores hubieran querido remover al Secretario Ejecutivo y, por cierto, a cualquiera de los consejeros, debían haberlo hecho iniciando un juicio político. No hay otro modo para removerlo, lo remueven con una reforma legal.
Y, por cierto, tan mal hecho está el trabajo y perdóneme aquí que me detenga en el detalle, que cuando se publique, cosa que puede ocurrir en cualquier momento la reforma, lo que falta del Plan B, dice el Primer Transitorio que va a entrar en vigor el día después de su publicación.
Suele ser ordinario, ¡ah!, pero la venganza en contra del Secretario Ejecutivo opera de manera inmediata, es decir, en el momento en que se publique opera el cese del Secretario Ejecutivo, bonita manera de legislar, diría Porfirio Muñoz Ledo, lo dijo de otra manera.
No entra en vigor todavía la ley, pero ya surte efectos, bueno, ya se pronunciará la Corte sobre esta chulada legislativa, dirían algunos.
Segundo eje que quiero mencionar, hay una confusión radical de órganos, lo que pone en riesgo el funcionamiento del Instituto. Una de las garantías de funcionamiento institucional es que la Constitución distingue entre órganos de dirección, órganos ejecutivos, órganos técnicos, órganos de vigilancia y, por cierto, el órgano de fiscalización.
Y lo que establece es que cada órgano del Instituto cumple una determinada función para no confundir, por ejemplo, una garantía, Jacquie lo sabes muy bien, los consejeros del INE no se meten a las cuestiones administrativas, porque para eso hay una Junta Ejecutiva y eso es una garantía para que el trabajo arbitral, el trabajo político del Instituto pueda hacerse sin entrar en los riesgos de lo que implica administrar los recursos institucionales, salvo el Consejero Presidente que presiden ambos órganos, del Consejo y la Junta General Ejecutiva, los consejeros están excluidos y, en ese sentido, están garantizados.
¿Qué dice el Plan B?, que ahora la administración del Instituto, como desaparece la Junta Ejecutiva, está a cargo de una comisión de consejeros, de cinco consejeros en los que, por definición, no participa el Consejero Presidente, ahora los consejeros van a ser administradores y decisores y el Consejero Presidente ni siquiera entra en la administración del Instituto.
Los órganos técnicos se vuelven ejecutivos, los órganos de fiscalización, como el OIC ahora es el que va a supervisar el diseño institucional, un bonito mazacote y que vuelve disfuncional al Instituto y lo pone en riesgo, tal vez ese sea el propósito, pero habría que preguntarle a los legisladores.
Un último tema sobre este aspecto. La autonomía presupuestal, los legisladores se sacaron de la chistera el bonito regalo de que las economías que se generen en el manejo presupuestal del Instituto se tienen devolver a la Federación, no al término del ejercicio, como ocurre y es legalmente obligado, sino no se pueden utilizar para otros fines institucionales; los legisladores, por cierto, nunca se acercaron a preguntar y pregunto a ustedes, de dónde creen que salieron los recursos para organizar la elección extraordinaria de Tamaulipas, una elección que no podíamos contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el presupuesto que solicitamos, porque nadie sabe cuándo va a haber elecciones extraordinarias, por definición, eso son las elecciones extraordinarias.
¿De dónde creen que salió?, les pregunto a los legisladores, no saben seguramente. De las economías del Instituto, nada más que con lo que pusieron en la ley el Instituto ya no va a poder destinar esas economías a hacer elecciones extraordinarias, vamos a tener que pedirle a la Secretaría de Hacienda que nunca condiciona la entrega de los recursos seguramente, que nos den recursos para poder hacer elecciones.
Por cierto, Hacienda no nos ha dado nunca una ampliación presupuestal en lo que va de este gobierno. Eso significa una manera de vulnerar la autonomía del Instituto y no sé si eso fue el propósito y si no lo fue, pues eso pasa por no preguntar.
Paso al segundo eje, este es probablemente el más grave, éste el verdadero, la verdadera carga, digámoslo así, mortal que se le colocó a nuestro sistema electoral y que tiene que ver con la estructura del Instituto, el hoy, datos nada más para que vean el efecto lesivo que tiene la reforma.
Hoy el Servicio Profesional Electoral del Instituto cuenta con dos mil 571 funcionarios, todos ellos entraron por concurso, todos ellos son evaluados permanentemente, todos ellos son sujetos a un programa de formación permanente.
Bueno, la reforma desaparece, el 84.6 de las plazas del Servicio Profesional Electoral, más de dos mil 100 plazas así, ¡pum! desaparece.
Por cierto, también hay plazas administrativas que desaparecen.
El total de plazas que la reforma electoral esfuma son casi seis mil.
Saber, en un primer cálculo cuánto vamos a tener que pagar, cuánto va a tener que pagar el Instituto por la liquidación de esas de esas seis mil, casi seis mil plazas: tres mil 500 millones de pesos.
¿Dónde está el ahorro que se buscó con la pérdida de las capacidades institucionales que supone la desaparición de las plazas?
Por eso, quien diga que los únicos que nos vamos a quedar sin trabajo somos Ciro Murayama y un servidor, miente. Por cierto, no me quedo sin trabajo, vuelvo a la Universidad, a quien le interese.
Me detengo un segundo más en este punto, sobre todo en la parte operativa de la institución.
¿Quién hace las elecciones? Las juntas distritales ejecutivas.
Oficinas permanentes que operan una en cada uno de los 300 distritos electorales y que se integran hoy por cinco funcionarios del Servicio Profesional Electoral: Un Vocal Ejecutivo, que coordina los trabajos de la Junta y supervisa; un Vocal Secretario, que es una especie de administración más jurídico de la Junta, es el responsable de levantar las actas- y Jesús nos puede decir que pasa cuando un acta que está mal levantada, es causal de nulidad-.
Segundo, es el responsable de, es una especie de ministerio público porque es el que sustancia todas las quejas, incluidas las de violencia política de género.
Tercero es una especie de Notario, porque es el responsable de la Oficialía en los distritos electorales y además es el responsable de toda la administración.
Luego hay un Vocal Secretario, vocal de Organización, es responsable de toda la logística, es el que diseña, el que supervisa que los materiales electorales efectivamente se encuentren y que vayan en los paquetes para poder instalar las casillas, es el que diseña las rutas de traslado para llevarle los paquetes a los funcionarios y luego la noche de la elección recogerlos; es el que opera el PREP en la noche de la elección, es el que habla con los propietarios de los inmuebles o de los directores de las escuelas o donde se instalan las casillas, es el que provee que las condiciones, el que hace los recorridos para que sean accesibles dichas casillas.
Y, además, es el que hace los cómputos, el que coordina los cómputos distritales es decir, los cómputos legales.
Después hay un Vocal de Capacitación. Ese es el que contrata el personal de campo, los llamados CAES, el que los capacita, el que selecciona al 13 por ciento de los ciudadanos para proceder a la visita domiciliaria. Cuando hay elecciones federales el INE realiza 12 millones de visitas domiciliarias en promedio, que es en trabajo de campo más grande que realiza el Estado mexicano, solo después del Censo, es el responsable del capacitar a esos ciudadanos; y es el responsable el día de la elección, de asistirlos, acompañarlos durante su función electoral.
Y, finalmente, está el Director del Registro. El Director del Registro es el que supervisa en promedio los tres Módulos que hay en cada, de Atención Ciudadana que hay en cada distrito.
Es el responsable de actualizar la cartografía permanentemente, es responsable de depurar el Padrón Electoral y es el responsable de imprimir los listados de electores que van a ir uno a cada casilla y no puede haber error.
El listado de una casilla es totalmente distinto al de las demás.
¿Bueno, qué hacen la reforma? Estas cinco figuras desaparecen y son sustituidas por una sola: el Vocal Operativo, con una chulada adicional, para ahorrar dinero cuando no hay elecciones en las zonas urbanas se desaparecen juntas distritales. Y son administradas por una sola Vocalía, Operativa en las zonas urbanas.
Ejemplo que le expusimos a los senadores hace un par de semanas.
En la zona metropolitana del Valle de México hay 28 distritos electorales, es la más grande del país. 28 distritos entre Huixquilucan hasta valle de Chalco Solidaridad.
Hoy están operados por 28 juntas distritales, en esos distritos existen 75 módulos de atención ciudadana.
Cuando no haya elecciones, esos módulos van a ser supervisados y todas las tareas de la institución van a ser realizados por una persona y la ley generosamente dice que puedes tener un asistente. Una persona para supervisar 75 módulos.
Padrón Electoral, es cierto el Padrón Electoral lo sigue administrando el INE, pero el Listado de Electores, de los Mexicanos Votantes en el Extranjero, ahora lo va a autorizar, lo va a validar la Secretaría de Relaciones Exteriores.
¿Cómo, el gobierno? Sí, el gobierno. Y no sólo, hoy para poder estar inscrito para votar desde el extranjero se requiere de la Credencial para Votar con Fotografía, es la llave para ejercer los derechos políticos.
El Plan B lo que dice es que ahora uno se podrá inscribir en ese listado con el pasaporte y con la Matrícula Consular, documentos cuya gestión corresponde a Relaciones Exteriores.
Hoy hay un millón 300 mil credenciales aproximadamente entregadas en el extranjero, a ese número podría ascender, en su caso, el número de votantes desde fuera del país. Pero hay 12 millones de mexicanos se estima y ¿qué tal que en 24 hay 8, 9, 10 millones de votantes porque lo dice la Secretaría de Relaciones Exteriores y porque se inscribieron con un documento del cual el INE no tiene ningún tipo de control?
Padrón Electoral, para ahorrar dinero ahora los Módulos de Atención Ciudadana deberán estar en escuelas y en oficinas de gobierno. ¿De veras? ¿Vamos a pedirle a los funcionarios que responden a interese partidistas que nos den espacios? ¿Quién nos va a garantizar la suficiencia de los espacios para brindar la atención que se merece la ciudadanía en esos Módulos?
¿Quién nos va a garantizar la seguridad de esos Módulos? Sobre todo porque ahí se resguardan las Credenciales para Votar con Fotografía. Y todavía más grave, bueno, olvídense de los horarios que vamos a depender de las escuelas. Nosotros abrimos módulos los fines de semana, las escuelas no abren los fines de semana, las oficinas de gobierno, muchas tampoco. ¿Qué va a pasar?
Y lo más grave, ¿vamos a depender de la infraestructura tecnológica, informática de las oficinas de gobierno? Los datos encriptados de los ciudadanos que son un bien que reservamos con muchísimo celo y, por cierto, todo esto cuesta uno de cada tres pesos del financiamiento del INE.
¿Vamos a resguardarlos y van a transitar a través de las estructuras informáticas de los módems de las estructuras de gobierno? Cuando se trata de estructuras dedicadas para esa función exclusivamente, ¿con el costo que supone sin lugar a dudas?
Por eso creo que si algún ciudadano decide por la vía del amparo que no procede en materia electoral, ir en contra de estas normas porque se vulnera la protección de sus datos personales, está, creo, legítimamente autorizado para hacerlo.
Y termino con un último punto. Lo que tiene que ver con la equidad en la contienda. Bueno, todo lo que hoy está prohibido en la Constitución y hasta donde me acuerdo sigue prohibido en la Constitución, en el artículo 134 ahora es válido según la ley. Es decir, la Constitución prohíbe que los funcionarios públicos opinen, intervengan en el debate electoral, principio de neutralidad.
Pero la ley, el Plan B, dice que eso es ejercicio, que sí se va a valer en ejercicio de su libertad de expresión.
Los gobernantes en su calidad de gobernantes no tienen derechos humanos, tienen responsabilidades y obligaciones. ¿Quieren ejercer sus derechos humanos? No actúen como gobernantes porque ahí es otra escena, por cierto, la minuta, la exposición de motivos de la reforma de 2007 lo dice con todas las letras, los derechos humanos son para los gobernados, no para los gobernantes.
Ahora, un gobernante en ejercicio de su libertad de expresión podrá libremente opinar, descalificar contendientes o afinar a favor de contendientes.
Justo lo que está prohibido. En las elecciones del año pasado, en la seis elecciones, no lo digo yo, lo dijo el Tribunal Electoral, en el 80 por ciento de las mañaneras se violó la Constitución porque se violó el principio de neutralidad.
Y peor aún, ahora resulta que la definición de propaganda gubernamental que nos propone la nueva ley, significa que es solamente aquel acto de promoción de los gobiernos que esté incluido en los presupuestos de egresos.
Pregunta ¿La mañanera está incluida en los presupuestos de egresos? Respuesta, no; es decir, todo lo que ocurre en ese espacio no es propaganda gubernamental.
Todo lo que ocurre en las conferencias de prensa de los funcionarios, no es propaganda gubernamental.
Es decir, ahora el contenido de la propaganda gubernamental, o sea, la propaganda gubernamental no depende, como hasta ahora del contenido, si no, de si está presupuestado o no. Con lo cual, claramente, lo que tenemos es que se alteran uno de los pilares de las condiciones de equidad en la competencia.
Lamento haberme extendido, pero cada vez que uno lee el Plan B, hay unos que no lo leyeron, aunque lo hayan votado, pero cada vez que uno lee el Plan B saltan más y más y más inconstitucionalidades.
Sí, la elección está en riesgo, no lo dice el Consejero Presidente del INE, lo dice el INE en el informe al que ha hecho referencia el arranque de mi intervención.
Y están en riesgo en eso que afortunadamente, por el trabajo, la construcción institucional y política de los últimos 30 años ya no era un problema.
Lo que está en riesgo ahora es que no haya casillas en las Jornadas electorales o no haya las que debe haber, que las que hayan se instalen en lugares que no son aquellos en los que se deben instalar; que se integren por ciudadanos, que no son aquellos que legalmente deberían integrarlas.
Que los representantes de los partidos políticos eventualmente puedan no ser admitidos o entren sin estar acreditados ¿Por qué? Porque la reforma establece que lo que hoy se tiene que ocurrir 13 días antes, el registro de los representantes ante los partidos políticos, y que pueden sustituirlos hasta 10 días antes de la elección, no más, y eso permite, por cierto, que las acreditaciones vayan en los paquetes que se le entregan a los presidentes y el día de la Jornada Electoral, el Presidente c sepa quién va a estar ahí como representante y le podrá permitir el acceso.
Ahora, ocurrirá el registro 48 horas antes y la sustitución puede ocurrir el mismo día de la Jornada Electoral.
¿Como demonios desde los Consejos Distritales le vamos a avisar los presidentes de las casillas cuando hay ocasiones en que la distancia entre el Consejo Distrital y la casilla es de varias horas? ¿Quién tiene derecho o no de entrar o no a la casilla? Con un pequeño detalle, todas las que he mencionado son causales de nulidad de la votación.
Si hoy no ha habido una sola elección en los tiempos recientes que se haya anulado por estas causas. Hoy el riesgo de nulidad de las elecciones se incrementa.
No quiero pensar, y con esto concluyo, que ese es el propósito que está detrás del Plan B, porque eso sería gravísimo.
En todo caso, el Plan B claramente altera las condiciones de las elecciones tal como las conocemos y ponen en riesgo las elecciones en eso que no era un problema.
El Plan B nos hace retroceder 30 años en el tiempo, cuando las elecciones eran probablemente el primer problema político, el primer problema el mayor problema que enfrentaba nuestra sociedad.
La responsabilidad de los tribunales es enorme y creo que hoy, que es tiempo de la Corte y del Tribunal Electoral y de los juzgados de distrito, lo que nos toca a los demócratas convencidos, es respaldar el trabajo que ellos realicen, y no caer en la lógica propia de las mentalidades autoritarias, de enfrentar esta etapa delicadísima de la vida política del país a partir de las amenazas. Dejemos las amenazas a los autócratas.
Los demócratas tenemos que confiar en la institucionalidad, y la vulneración a la Constitución es tan amplia que estoy convencido de que la Corte hará su trabajo.